Reforma estéril

LA LEY del Suelo que aprobó el pleno del Congreso de los Diputados la semana pasada, tras una larguísima tramitación parlamentaria, tiene muy poco que ver con el proyecto que salió del Ministerio de Fomento. Si el texto del Gobierno se caracterizaba por una cierta liberalización, más formal que efectiva, pero suficiente para liberar más suelo urbanizable, la redacción final, después de pasar por el tamiz de los partidos nacionalistas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), implica una reforma mucho más suave, en la que la decisión de los poderes locales y autonómicos sigue siendo un factor clave en la determinación del volumen del suelo, y, por tanto, del precio final de las viviendas que tienen que pagar los ciudadanos.El gran debate durante la tramitación parlamentaria ha sido el porcentaje de suelo que los promotores deben ceder a los ayuntamientos de forma obligatoria. El Gobierno socialista fijó ese tope en el 15%, cifra que el PP rebajó al 10% en cuanto llegó al poder. Esta rebaja, defendida como una gran liberalización por el Gobierno, apenas suponía situar el suelo potencialmente urbanizable del país en el 6% del total; cifra que, si bien duplicaba el suelo disponible, era y es insuficiente para producir un descenso duradero del precio. El proyecto que se, acaba de convertir en ley colocaba inicialmente la cesión en una horquilla de entre el 0% y el 10%, para compaginar ese nuevo tope con la sentencia del Tribunal Constitucional que daba a las comunidades la potestad de fijar la cifra de cesión.

La ley mantiene definitivamente ese máximo de cesión en el 10%, pero con una modificación fundamental. Las comunidades, autónomas serán las que legislen la cifra exacta de la cesión y si ese terreno que los promotores dan a los ayuntamientos se entrega urbanizado o no. En el supuesto de que se obligue a ceder suelo ya urbanizado, los expertos calculan que la repercusión para los promotores sería como si hubiesen cedido entre el 17%,y el 18% de suelo no urbanizado.

En contra de lo defendido desde el Gobierno y el PP, es muy poco probable que esta reforma contribuya a abaratar el precio de la vivienda -puesto que no lo hace con el del suelo-, que es la razón de toda reforma liberalizadora. Para conseguir una rebaja efectiva de los precios es imprescindible reformar el sistema actual de, financiación de los ayuntamientos, de forma que no requieran, como recurso principal, la cesión de un -porcentaje del suelo sobre el que se edifica. Pero esta reforma de la financiación loca¡, a la que ahora está fuertemente unido el aumento del suelo edificable, es más compleja aún que la del suelo.