Garzón confirma la imputación de Berlusconi y envía comisiones rogatorias a Suiza e Italia

El juez Baltasar Garzón confirmó ayer la imputación del ex presidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi, del ex presidente de Tele 5 Miguel Durán, del financiero Javier de la Rosa y del abogado Santiago Muñoz Machado en las diligencias incoadas para esclarecer un supuesto fraude de alrededor de 4.600 millones de pesetas en operaciones de compras y ventas de acciones de dicha cadena en los primeros años de la década de los noventa. El juez señale expresamente que otros accionistas posteriores, Prensa Española (que ya ha salido de Tele 5) y el Grupo Correo, son "ajenos por completo a este procedimiento y a todas las maniobras de contenido presuntamente delictivo que se están investigando.

El juez acepta el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y decreta la imputación de 19 personas, entre las que también se encuentran el ex consejero del grupo Torras, Juan José Folchi, y varios italianos.Garzón cita a declarar a Lorenzo Merino Sáenz, un inspector de la Unidad de Fraude de Hacienda, para aclarar si hubo retraso en la entrega de documentación requerida por la fiscalía hasta varios días después del plazo de prescripción de los delitos investigados en algunas operaciones. El juez precisa que dicho inspector de Hacienda debe comparecer asistido de abogado, pero no le incluye en la lista de 19 imputados. También cita, como testigo, al ex director de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo.

Garzón acuerda, también a instancias del fiscal de la causa, Carlos Castresana, librar una comisión rogatoria a Suiza para investigar los pagos que supuestamente se venían haciendo por Fininvest, el grupo controlado por Silvio Berlusconi, a cuentas numeradas de titulares desconocidos que, según el juez, "podrían encubrir pagos irregularmente realizados y de contenido delictivo". Asimismo acuerda otra rogatoria a Italia para recabar "información pendiente".

También a propuesta del fiscal, Garzón alza la imputación a otras 19 personas, entre ellas Paolo Berlusconi y el ex director de Tele 5, Valerio Lazarov.

En el origen de su resolución, el magistrado menciona que el "entonces presidente del Gobierno español" -se refiere a Felipe González, al que no menciona por su nombre-, mantuvo una entrevista en el Palacio de La Moncloa con Silvio Berlusconi, por mediación del entonces primer ministro italiano, Bettino Craxi. No se ha sabido el contenido de la entrevista al no haber prestado declaración Silvio Berlusconi y al no haberse instado la de González, según Garzón, que tampoco acuerda diligencia alguna respecto a González.

El juez agrega que los contactos con Berlusconi se renudaron en Milán, donde el presidente de Zeta, Antonio Asensio, y al empresario Enrique Sarasola "concurren,según afirman, enviados por el presidente del Gobierno español, manifestando el interés de éste en que el grupo Fininvest participara en el mercado televisivo español". El juez acuerda que Asensio y Sarasola declaren como testigos.

El auto judicial explica que la ley de Televisiones Privadas de 1998 que una misma sociedad pueda participar en más de una cadena, o que tenga más del 25%; y detalla las razones por las que el juez estima que la participación de Berlusconi, que fue inicialmente del 25%, en realidad ha sido mucho más elevada.

Según el auto de Garzón, además del 25% inicial, Berlusconi se hizo con otro 8% (4.140 millones de pesetas) a través de sociedades participadas por Fininvest y domiciliadas en la isla de Jersey y en Luxemburgo. Posteriormente, y a través de múltiples operaciones de ingeniería financiera, Berlusconi fue haciéndose con otros paquetes procedentes del grupo de Javier de la Rosa y de sociedades controladas por Ángel Medrano, Rafael Álvarez-Buiza y Santiago Muñoz Machado; así como de la Once, cuando ésta decidió abandonar Tele 5 en 1993. "En la actualidad", concluye Garzón, "el imputado Silvio Berlusconi y su grupo siguen controlando a través de Mediaset, Telefuturo y Deinde un 65% del accionariado de Gestevisión Tele 5".

El auto examina, a lo largo de 18 apartados, el "alcance penal" de las transmisiones de acciones. Y desmenuza artificios contables, facturas y justificantes supuestamente falsos con los que se habría pretendido, de un lado, el aumento fraudulento de la participación de Fininvest; y de otro, eludir el pago de deudas tributarías. El juez identifica dos grupos de operaciones. El primero se relaciona con la entrada y salida de Javier de la Rosa y el reparto de acciones entre Fininvest y la Once, en el que el fraude supuestamente se eleva a unos 1.955 millones de pesetas; y el segundo, que supuestamente se eleva a unos 2.600 millones, se relaciona con la compra del paquete de la Once por Fininvest.