Legitimidad de las acusaciones particulares

El tribunal que preside el magistrado Rafael Ruiz de la Cuesta para juzgar la llamada trama navarra del caso Roldán dictó ayer un auto por el que rechaza la petición de la defensa de Antonio Aragón, representada por el abogado Juan Zuza, de que se excluya a todas las acusaciones particulares personadas en el juicio (Parlamento y Gobierno foral, Unión del Pueblo Navarro, Herri Batasuna e Iniciativa Ciudadana) por considerar que ninguna de ellas fue perjudicada por los presuntos delitos que se juzgan. La sala resolvió la legitimidad de todas ellas para participar en el juicio.Sobre el Gobierno y el Parlamento de Navarra, dice el auto del juez que tienen derecho a ser acusación "por tener intereses legítimos y ser parte perjudicada, dada la calidad de dos de los procesados" (Gabriel Urralburu, ex presidente del Gobierno foral de Navarra y su consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón) y, además, el Parlamento autónomo está legitimado por ser representante del pueblo; de Unión del Pueblo Navarro (UPN) señala que tuvo una actuación "activa e importante" en el inicio de la investigación judicial mediante la presentación de la primera denuncia; de Herri Batasuna, brazo político de la banda terrorista ETA, que fue la primera en personarse en el procedimiento mediante la presentación de una querella; y de la acción popular, representada por 128 ciudadanos navarros, apostilla que está amparada por la ley.

El fiscal del caso, Javier Muñoz, adelantó ayer que hay testigos que van a declarar que los procesados recibieron comisiones ilegales del 5% antes incluso de que fueran adjudicadas las obras. Su aseveración se produjo en respuesta a una cuestión previa planteada por el abogado defensor de Jorge Esparza, Javier de Julián, que invocó la necesidad de un acto prejudicial administrativo antes de entrar en la vía penal.