A latigazos con los inmigrantes

El Sureste Asiático teme verse arrasado por un torrente de inmigrantes clandestinos El presidente de Malaisia, Mohammad Mahatir, ha calificado el éxodo de ciudadanos indonesios hacia su país como una nueva oleada de boat people, en clara referencia a los cerca de 900.000 vietnamitas que entre 1975 y 1984 huyeron del régimen de Hanoi.Más de 10.000 personas se esconden desde hace días en los alrededores de Pakanbaru, en la isla de Sumatra, a la espera de un barco que les conduzca durante la noche al otro lado del estrecho de Malaca, y les deposite en Malaisia. "Al principio, se trataba de hombres y mujeres jóvenes a la búsqueda de un trabajo", explica un antiguo funcionario de la Cruz Roja en Kuala Lumpur. "Pero hoy en día, se ven familias enteras que huyen empujadas por el hambre, con las abuelas y los niños".

Desde hace semanas, las autoridades de inmigración llevan a cabo una caza del hombre sin piedad: cerca de cien lanchas de policía patrullan, 24 horas al día, la costa malaya, a la caza y captura de los boat people. Esa caza se ha acelerado en las dos últimas semanas, plazo en el que han sido detenidos 3.063 inmigrantes clandestinos, frente a los 8.860 capturados en todo el año pasado. El 70% de los detenidos procede de Indonesia, pero también de Tailandia, China, India y Bangladesh.

Los detenidos son mantenidos bajo custodia mientras esperan ser repatriados a su país de origen. Desde principios de año, cerca de 18.000 personas han pasado por los diez campos de detención con los que cuenta Malaisia. Muchos de ellos han sido ya devueltos a sus países, pero todavía quedan más de 12.000, en su mayor parte indonesios, según datos gubernamentales. Aún así esta cifra es mayor que la de la capacidad estimada de los campos, en torno a las 10.000 personas. El deterioro de las condiciones de vida en estos recintos -como en el campo del Estado de Negeri Sembila, al suroeste de Malaisia- es patente: a mediados de mes, cerca de 400 detenidos atacaron a los guardianes a pedradas durante cuatro horas debido a cortes en el suministro de agua. Este hecho conlleva una pregunta: ¿cuáles son las verdaderas condiciones de los detenidos en los campos? Lo ignoramos, porque no tenemos derecho a entrar en los campos ya que son totalmente administrados por el Gobierno malayo", contesta un responsable de Creciente Rojo en Kuala Lumpur. De hecho, el éxodo de indonesios está íntegramente gestionado por el departamento de Inmigración y la policía local de Malaisia y Singapur, sin ninguna intervención de Naciones Unidas o de alguna ONG.

Inquieto ante los cada vez más numerosos boat people, y con el propósito de disuadir a los recién llegados, el departamento de Inmigración ha impuesto el estado de excepción en el país y está usando a fondo la ley sobre la seguridad interior. La ley permite encarcelar a los sospechosos sin juicio previo y dar bastonazos como castigo. Inmigración ha anunciado el uso de los latigazos como medida coercitiva, lo que ha suscitado vivas protestas de La Voz del Pueblo de Malaisia, una organización que vigila la defensa de los derechos humanos. Además, las multas impuestas a los boat people, 140 dólares (más de 21.000 pesetas), son cada vez más severas: en el Estado de Malaca, dos boat people indonesios han sido condenados a tres años y tres meses de prisión, seis bastonazos y una multa de 2.800 dólares (434.000 pesetas). En Indonesia, el salario mínimo es de 60 pesetas diarias.

Limitado por su capacidad para albergar a los detenidos, el Gobierno de Malaisia ha anunciado la repatriación de casi 10.000 ilegales en las próximas semanas. "Pero eso no solucionará el problema, porque ante la falta de una cooperación del Gobierno indonesio, que podría ayudar a los repatriados a volver a sus lugares de origen, los inmigrantes aprovecharán la primera ocasión que se les presente para regresar", concluye el representante de Creciente Rojo.