El Gobierno ofreció a los GRAPO liberar a 30 presos a cambio de su disolución

Dos enviados del Gobierno se comprometieron ante una comisión de los GRAPO-formada por presos, sus abogados y dirigentes en la clandestinidad del PCE(r) a poner en libertad a 30 de los 52 miembros de la organización terrorista si renunciaban definitivamente a la lucha armada. Durante cuatro reuniones, celebradas entre el 10 de diciembre y el 23 de febrero, los representantes del Gobierno y de los GRAPO llegaron incluso a pactar un comunicado conjunto en el que se establecía la legalización del PCE(r) -brazo político de la organización terrorista- a cambio de la paz definitiva. Todo saltó por los aires la madrugada del pasado 13 de marzo.

Tres bombas, colocadas en otras tantas delegaciones de Hacienda de Madrid, se convirtieron ese día en la respuesta violenta de la organización al fracaso de las negociaciones. "Los presos", asegura Juan Manuel Olarieta, uno de los abogados habituales de los GRAPO, "se llegaron a creer que el Gobierno iba esta vez en serio; y la verdad es que se estuvo muy cerca del acuerdo". ¿Qué pasó entonces? "Nuestros interlocutores", añade Olarieta, que asistió a las reuniones, "frenaron de pronto y los representantes de los presos se sintieron estafados".El último capítulo de la larga historia de desencuentros entre el Gobierno y los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre se inició a finales del mes de noviembre de 1997. Dos hombres, que se identificaron como "miembros del equipo de interlocución del Gobierno " se presentaron sin avisar en el despacho profesional de Juan Manuel Olarieta. "El Gobierno tiene mucho interés", dijo uno de ellos, "en reanudar las conversaciones encaminadas al fin de la organización".

Unos días más tarde, el 10 de diciembre, se produjo la primera reunión. Olarieta se había puesto. en contacto con los miembros más significativos de los GRAPO en prisión y con los dirigentes del PCE(r). Aceptaron sin demasiadas vacilaciones la invitación del Gobierno, pese a que no era la primera vez que un diálogo de esas características había fracasado por un motivo u otro. Sin ir más lejos, los presos y el Ejecutivo- representado entonces por dos agentes del Cesid que se hacían llamar Alberto y Enrique- sostuvieron entre el 17 de abril de 1996 y el 7 de febrero de 1997 una serie de reuniones en la prisión de Sevilla 2 que terminaron en el fracaso. Ahora parecía distinto, y los buenos augurios se confirmaron desde el principio.

El Gobierno -por boca de sus enviados- llegó a ofrecer la posibilidad de que unos 30 ex terroristas recobrasen la libertad de forma progresiva. Esta operación, que los representantes gubernamentales calificaron de muy generosa y muy difícil de explicar a la sociedad, no lo es tanto para el colectivo de presos. Según sus cálculos, unos 15 grapos tendrán que ser puestos en libertad en los próximos dos años, al haber cumplido ya la práctica totalidad de la condena.

Durante las dos reuniones siguientes -el 13 de enero y el 4 de febrero, en una prisión de Madrid que las dos partes prefieren mantener en secreto- la comisión de los GRAPO y los "miembros del equipo de interlocución del Gobierno" pactaron un comunicado conjunto, al que ha tenido acceso EL PAíS y que carece de cuño oficial. El texto establecía, de manera prioritaria,que el trabajo político del PCE(r) se podría desarrollar " en igualdad de condiciones que el resto de los partidos , sin menoscabo alguno de la libertad de expresión, manifestación y reunión". A cambio, claro está, de que "estas actividades se desarrollaran dentro del marco legal vigente,sin recurrir a la violencia".

Disolución total

"Una vez alcanzado este acuerdo básico de respeto a la libertad y de no empleo de la' violencia como método de lucha política", continuaba el texto, "el Estado determinará e impulsará los procedimientos necesarios para poner en libertad al colectivos de presos del PCE(r) y de los GRAPO". En los últimos dos párrafos del comunicado -cuyo borrador fue redactado en origen por los enviados del Gobierno y rectificado de forma mínima por la comisión de presos-, los GRAPO se comprometían a anunciar, en primer lugar, "el cese de las actividades, con carácter indefinido" y, en caso de llegar a un acuerdo definitivo, "su disolución total y permanente, a partir del momento en que se resuelva, totalmente, el problema del colectivo de presos".Sin embargo, durante la última reunión de las cuatro -el 23 de febrero- se rompió el ritmo. "Los representantes del Gobierno", según el abogado Juan Manuel Olarieta, "empezaron a exigir cosas de las que antes ni siquiera habían hablado, se notó que querían frenar de nuevo el proceso; y los presos entendieron que se estaba volviendo al navajeo de ocasiones anteriores". El 24 de febrero, en las cárceles por las que están repartidos los 52 presos de la organización terrorista ya flotaba la sensación de que el diálogo se había roto de nuevo. Por si quedara alguna duda, el 11 de marzo, Enrique Cuadra Echeandía, uno de los presos del colectivo, aprovechó un juicio en la Audiencia Nacional para advertir que al GRAPO aún le quedan "muchos kilos [de explosivos] en la reserva".

Tres de esos kilos estallaron dos días después, el 13 marzo, y aunque no se produjeron desgracias personales (la forma de colocar los artefactos hace suponer que los terroristas no buscaban víctimas en esta ocasión), los atentados dejaron malherida a la negociación y, con ella, a la esperanza del fin definitivo de la banda.

El Gobierno, que siempre ha guardado en silencio los fracasos sucesivos del diálogo con los GRAPO, sólo reconoce esta vez, y de manera extraoficial, que los contactos se produjeron. "La paz y el diálogo que lleva a ella", dijo el abogado Olarieta a este periódico, "son como un jarrón chino, que si se rompe no hay pegamento que lo restaure". Para el Gobierno, en cambio, quien ha roto, y de forma muy violenta, las espectativas de paz son los terroristas, al colocar las bombas de Madrid.