Otro arquitecto avala las irregularidades urbanísticas del senador canario del PP

José Castañeira Góngora, ex arquitecto técnico del Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, durante el periodo comprendido entre 1980 a 1988, ha asegurado a este periódico que el funcionamiento de la corporación durante ese periodo era igual al que acaba de denunciar ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) su compañero Casto Martínez Berriel, arquitecto municipal y militante del PP. Éste mantiene que el alcalde y senador del PP Domingo González Arroyo ha convertido la alcaldía en un negocio privado y le acusa de tráfico de influencias. El senador dice que recibió de sus padres "una inmensa fortuna".

Castañeira asegura que no le ha sorprendido lo más mínimo la denuncia presentada por el ex responsable de la oficina técnica del municipio. "El funcionamiento durante los ocho años en que ocupé ese puesto era exactamente igual a lo que se acaba de denunciar. Se cometían idénticas irregularidades en la concesión de las licencias de obras. Tantas que pedí la baja por estar en desacuerdo con la actuación del alcalde".Castañeira va más lejos y añade que el senador popular sólo le entregaba los informes a los que no se iba a oponer y que el resto los enviaba al arquitecto de Madrid Alfonso Gómez Gil, que asesora al Ayuntamiento y es el redactor de las vigentes normas subsidiarias municipales, adjudicadas sin concurso.

En la denuncia de Martínez se aseguraba también que merecía una especial atención la "deja ción de las obligaciones del Ayuntamiento con la tutela de espacios naturales especialmente protegidos". En este sentido, informaba sobre licencias otorgadas de forma indebida en el par que natural de Las Dunas de Corralejo y en varias canteras de la montaña de Tindaya, símbolo de la isla.

El senador niega estas imputaciones y responde así a Castañeira Góngora: "Se le respetó como persona, pero él sabe muy bien por qué pidió la excedencia en el Ayuntamiento y por qué se marchó". Sobre Casto Martínez insiste en que fue contratado únicamente para tres meses y le acusa de estar resentido por su cese en ese puesto. El alcalde reconoce que contrató como asesor a un perito electricista, Juan Francisco Carballo, pero añade que además de éste le asesoran en las obras otras personas más cualificadas. Carballo ha redactado y firmado durante 10 años los informes técnicos preceptivos para otorgar licencias de obras con su única titulación de perito electricista. El turismo genera una gran actividad urbanística en La Oliva, 9.000 habitantes. La normativa interna del Ayuntamiento establece taxativamente que cualquier ciudadano o promotor inmobiliario que desee solicitar una licencia deberá pedirla durante una, entrevista personal con el alcalde.

El senador denunciado dijo a este periódico que no se ha hecho nada en el Ayuntamiento al margen de la legalidad y negó haber se enriquecido a costa de su cargo. "No necesito quedarme con el dinero de nadie. Mi padre me dejó una gran fortuna y mi madre otro inmenso patrimonio. Yo tenía un balón de cuero cuando los demás niños del pueblo no tenían pelota con la que jugar. Mi padre, que fue alcalde por el Frente Popular, me dejó 4.800 hectáreas en la isla. ¿Sabía usted que las fincas sobre las que se edificó el aeropuerto eran de mi padre?. Me dejó también una finca en Puerto del Rosario, otra de 300 hectáreas en La Oliva y una fábrica de arena para construir ladrillos. Mi gran patrimonio procede de la herencia de mi padre; además, se me olvidaba decirle que las tres cuartas partes del monte Tindaya son mías".

El senador añade que no tiene ninguna sociedad patrimonial a su nombre y que su fortuna aparece reflejada en su declaración de bienes al Senado.

En Fuerteventura, los adversarios políticos del senador dicen que las fincas que heredó de su padre son improductivas y le retratan como un hombre que hace 20 años "calzaba alpargatas". "Desde su llegada a la alcaldía, hace dos décadas, se inició el despegue de su fortuna. El pueblo es pequeño y aquí nos conocemos todos", afirman sus detractores. "No pueden soportar mi éxito en la política y que sea un hombre rico", responde el senador al que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.