El PSOE denuncia otros 30 casos de enchufismo del Partido Popular en Lugo

Las denuncias sobre casos de supuesto enchufismo de dirigentes del PP y familiares suyos se multiplican en Galicia. El PSOE ha divulgado una lista de 30 personas vinculadas al PP de Lugo que han encontrado trabajo en administraciones gobernadas por este partido. En Ourense, donde estalló la polémica la pasada semana al revelarse que más de 60 familiares y cargos públicos del PP han sido colocados en la Diputación Provincial, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha destapado otros 15 casos semejantes de personas empleadas en la Caja de Ahorros. Al mismo tiempo, la Audiencia Provincial de Pontevedra ha abierto diligencias al alcalde popular de Ponteareas, José Castro por presuntas irregularidades en la contratación de 60 trabajadores municipales.

La lista elaborada por el PSOE de Lugo incluye alcaldes, concejales del PP y familiares directos que cobran de la Diputación, de algunos ayuntamientos o de la propia Xunta. La relación incluye familias enteras. Es el caso del portavoz del PP en Mondoñedo, Manuel Santamarina, que trabaja en la Diputación junto a su esposa, una hija y un yerno. El propio alcalde de Lugo, Joaquín García Diez, es funcionario en excedencia del Inludes, en cuya nómina figura asimismo José Pena, edil de Begonte. El concejal de obras de Lugo, Ramón Arias, es también el jefe de urbanismo de la Diputación, y en Vilalba, pueblo natal de Manuel Fraga, el PSOE denuncia el caso de dos hijos y una nuera de Carlos Pardo, habitual pareja de dominó del presidente de la Xunta.

Caja de Ahorros, también

En Ourense, las denuncias de presunto enchufismo se extienden asimismo a la Caja de Ahorros provincial, cuyos órganos de dirección están en manos de dirigentes del PP. El BNG ha documentado al menos 15 casos de cargos públicos del partido y familiares empleados en la entidad financiera, entre ellos un hijo del presidente de la Diputación, José Luis Baltar. Éste ya ha anunciado que impedirá que se debatan en el pleno de la institución las presuntas irregularidades.Mientras, la Audiencia Provincial de Pontevedra ha reabierto una querella criminal del BNG contra el alcalde de Ponteareas, José Castro, y otros seis concejales del PP que forman el Gobierno por los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias en la contratación de 60 empleados desde 1995. La querella fue sobreseída en dos ocasiones el año pasado en el juzgado de primera instancia del citado municipio pontevedrés sin la menor argumentación específica del caso e incurriendo en una "vasta falta de dispensación de tutela Jurídica", según afirma ahora el auto de la Audiencia.

El BNG ha podido documentar la contratación desde 1995 de 60 personas "relacionadas familiarmente con el alcalde o con algún concejal del PP, o vinculados estrechamente a este partido". El Ayuntamiento de Ponteareas (17.000 habitantes) está gobernado desde 1968 por José Castro Álvarez, actualmente condenado por el Tribunal Supremo, a un año de inhabilitación por otra causa. Castro se ha negado a documentar la relación completa de los 230 empleados municipales. El Ayuntamiento dedicó el año pasado el 45% de sus gastos a personal, sosteniendo situaciones tan pintorescas como que la guardería municipal, para atender a 78 niños, emplee a 28 personas.

Las contrataciones denunciadas no se atuvieron a la ley, que entre otras cosas exige oferta pública, concurso-oposición y publicidad. También en muchos casos contratos inicialmente temporales se convirtieron ilegalmente en empleos indefinidos.