Cardenal avala la decisión de recurrir el régimen abierto de Navarro y Oliveró

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, avaló ayer en Barcelona la postura del fiscal de vigilancia penitenciaria de recurrir el régimen abierto concedido por la Generalitat al ex diputado socialista Carlos Navarro y al administrador de Filesa Luis Oliveró, condenados a penas de 11 y 10 años de prisión, respectivamente, por los delitos de falsedad, asociación ilícita y delito fiscal por el caso Filesa.

Cardenal aseguró que ese recurso del fiscal "no quiere decir que la Administración no haya hecho lo que tenía que hacer" y precisó que la decisión de la Generalitat y la actuación del ministerio público "son campos distintos". En su opinión, "en definitiva va a resolver un tribunal y eso es una garantía".Cardenal admitió que esa decisión de la dirección general de servicios penitenciarios y rehabilitación de la administración autonómica "fue aludida" en la entrevista protocolaria que mantuvo con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, si bien matizó que "no se ha hecho una valoración" de la misma. El fiscal general aseguró ser "muy respetuoso" con las actuaciones de sus subordinados "sobre todo cuando tienen un jefe de prestigio y la autoridad de José María Mena", fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En los recursos presentados el pasado día 9 ante el juzgado de vigilancia penitenciaria número 2 de Cataluña, del que depende la prisión de Brians donde cumplían condena Navarro y Oliveró, el fiscal asegura que la clasificación en tercer grado de esos internos "podría constituir un fraude de ley". En su opinión, la administración penitenciaria actuó "obviando la gravedad de los delitos, la gravedad de las penas impuestas, la trascendencia social de los hechos, la ausencia de tratamiento durante los escasos meses que los internos han permanecido en prisión y la ausencia de tratamiento programado para el régimen de semilibertad". Por eso, matiza el fiscal, la Generalitat actuó "sin tener en cuenta la sentencia y sus consecuencias".

Navarro y Oliveró llevaban 96 días en prisión cuando salieron en semilibertad el pasado día 5 y desde entonces sólo acuden a la prisión a dormir. Ahora el juez de vigilancia penitenciaria deberá ratificar o no esta decisión de la Generalitat y en caso afirmativo el caso pasará a la Audiencia de Barcelona.

Antes de reunirse con Pujol y en presencia de Mena, Cardenal recorrió el Palacio de Justicia de Barcelona. Por la tarde presidió una junta de Fiscales y más tarde se reunió con la delegada del Gobierno, Julia García Valdecasas.

Cardenal reconoció que Carlos Jiménez Villarejo le había informado que el Ministerio de Justicia paga un alquiler anual de 30 millones de pesetas por el edificio sede de la Fiscalía Anticorrupción, en el paseo de Recoletos de Madrid, a un ciudadano francés acusado de estafa. Con todo, declinó cualquier responsabilidad en esta situación. "También lo sabe Justicia, que es quien debe decidir para trasladar la sede a otro edificio", aseguró el fiscal general del Estado.

En relación con la supuesta conspiración contra el Gobierno de Felipe González a la que aludió el ex director de Abc Luis María Anson en declaraciones a la revista Tiempo, Cardenal manifestó que no ve motivos para abrir diligencias. Sobre este tema, el fiscal general del Estado dijo que la fiscalía general "mientras no tenga otros elementos de juicio que los que se han puesto de manifiesto hasta ahora" no aprecia nada que tenga contenido de carácter penal. "Por lo que yo sé [el asunto] no tiene absolutamente ninguna entidad penal" como para abrir una investigación, añadió.