Barea exige una ley que impida modificar el gasto público aprobado en el Parlamento

El director de la Oficina Presupuestaria, José Barea, propuso ayer una reforma en profundidad de la Ley General Presupuestaria, y que la nueva norma impida modificar el nivel de gasto público probado por el Parlamento, así como que las iniciativas de gasto se adopten en la Presidencia del Gobierno y en el Ministerio de Economía, y no de forma colegiada entre todos los ministros. El profesor Barea elevó la previsión del producto interior bruto (PIB) para 1998 hasta el 3,6%-3,7%, frente al 3,4% calculado por el Ejecutivo.

El director de la Oficina Presupuestaria aboga porque no se pueda modificar el gasto, eliminando las incorporaciones de crédito de ejercicios anteriores y el concepto de créditos ampliables, y porque no se admitan cambios automáticos en función de la evolución de los precios en el coste de determinados servicios o en las remuneraciones de personal.En un curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Barea defendió la necesidad de una modificación profunda en ese sentido de la Ley General Presupuestaria. También propone que las decisiones de gasto se adopten por la Presidencia del Gobierno y de Economía, y no por el conjunto de los Ministerios.

El profesor Barea entiende que debe haber un sistema de gestión pública por objetivos y de control por resultados, lo que requiere, dijo, descentralizar las tomas de decisiones, responsabilizando de la gestión a los órganos que deciden, y consideró que es preciso arbitrar un sistema de retribuciones en la función pública capaz de incentivar por la consecución de objetivos.

Otra propuesta suya consiste en la creación de "una comisión de la deuda", formada por expertos independientes con un nivel de autonomía similar al del Banco de España, que fijen el límite máximo de variación del saldo neto de deuda en circulación, techo que no podría ser modificado ni por el Parlamento ni por el Gobierno.

Finalmente, Barea se mostró de acuerdo con una reducción de la recaudación pública derivada de la reforma del IRPF si se respeta el Programa de Convergencia, que establece una diminución de la presión fiscal de dos décimas en 1999 y de otras dos décimas en el año 2000.

El Ecofin abordó también ayer el cumplimiento de los criterios de Convergencia. Allí, el ministro italiano del Tesoro, Carlo Azeglio Ciampi, superó el primero de los numerosos exámenes que debe afrontar su país en las próximas semanas para conseguir su ingreso en el cuadro de honor europeo, el euro, informa Walter Oppenheimer. Ante sus colegas del Ecofin afirmó que el déficit público de Italia caerá al 2,6% este año y se situará en el 1,2% del PIB en el año 2001. La deuda pública, aseguró, se irá recortando un 3% anual. Hasta el halcón del Ecofin, el holandés Gerryt Zalm, elogió las "constructivas explicaciones de Clampi".

Hasta el día de la criba final, en el próximo puente del Primero de Mayo, las cuentas italianas van a ser examinadas con lupa por la Comisión Europea, por el Instituto Moneario Europeo (IME), por el Ecofin y por algunos bancos centrales, que ya han anunciado que harán público su punto de vista particular sobre qué países deberán integrar la primera hornada del euro.

Por eso Ciampi se apresuró ayer a transmitir a sus colegas una proyección actualizada de cómo evolucionarán las cuentas públicas italianas en el futuro inmediato. El ministro del Tesoro aseguró a sus colegas que Italia acabará el ejercicio de 1998 con un déficit público del 2,6% (dos décimas menos de lo previsto hasta ahora), una inflación del 1,9% (en lugar del 2,5%) y que la deuda pública irá cayendo a razón de un 3% anual al menos hasta el 2001, lo que permitiría dejar la tasa en torno al 105%. En ese año el déficit deberá haber caído hasta el 2,1 %.

"Nuestra fuerza son los datos concretos y la estabilidad de dos años de Gobierno", afirmó Carlo Azeglio Ciampi.