El fiscal pide cinco meses de prisión para los gestores de una empresa por abandonar productos tóxicos

El fiscal de Medio Ambiente y Consumo de Madrid, Emilio Valerio, solicita cinco meses de cárcel y multa de cinco millones de pesetas por delito fiscal para los tres últimos administradores de una empresa de Fuenlabrada que dejaron abandonada y con cientos de kilos de productos tóxicos en su interior.La compañía, inicialmente denominada Schaka, se dedicaba desde 1976 "a la venta y confección de toda clase de pieles". Estaba situada en una nave del polígono industrial La Piqueta, en Fuenlabrada (164.000 vecinos). Las continuas pérdidas económicas que sufría la llevaron en 1992 a la suspensión de pagos. Tuvo que cambiar su nombre por el de Curtipiel. Pedro Benítez y José Antonio Sánchez, dos de los tres acusados, fueron nombrados entonces administradores. Éstos dimitieron en 1993 y dejaron paso, como administrador único, a Francisco Luque, tercer acusado. Las pérdidas económicas siguieron creciendo y, finalmente, en 1994, Curtipiel fue liquidada. La dejaron abandonada y sin que ninguno de los administradores, según el fiscal Valerio, se preocupase de los productos tóxicos que había en su interior, entre ellos 400 litros de ácido fórmico, 1.200 de tiosulfato sódico o 18 bidones de plástico con 850 litros de formol.

Destaca el fiscal que, a partir de abril de 1995, "el desentendimiento" de la empresa por parte de sus responsables "fue total", lo que permitió que "personas ajenas y sin identificar" se introdujeran en la nave y la saqueasen. El 8 de abril de 1996, una patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) visitó la instalación tras ser informada del peligro de los productos que había en su interior. Y descubrió el lamentable estado en que se hallaban tan peligrosos productos. El alcalde de Fuenlabrada ordenó entonces precintar el acceso a la nave y, semanas después, operarlos de la Comunidad de Madrid retiraron los productos.

Los tres acusados tendrán que sentarse en el banquillo para responder de este delito. El fiscal pide que abonen el gasto que supuso para la Administración regional la retirada de los tóxicos.