El Gobierno se enfrenta con el PNV por la presencia autonómica en la Unión Europea

El Gobierno y sus socios nacionalistas se enfrentarán hoy en el Congreso por el papel de las comunidades en la Unión Europea (UE). Una moción de Eusko Alkartasuna (EA) y una proposición no de ley del PNV reclaman la presencia directa de las autonomías en la institución comunitaria clave, el Consejo de Ministros. Las experiencias federales existentes, la alemana y la belga, no son conflictivas, pero pecan de rigidez y debilidad negociadora. EA propone que el Gobierno adopte en seis meses una fórmula para dar entrada en la delegación española en el Consejo de la UE a un representante autonómico.

La proposición no de ley del PNV, anterior y más elaborada, persigue lo mismo. Recuerda que los länder alemanes y las regiones belgas forman parte de su delegación federal en Bruselas, e incluso la encabezan, y que el Parlamento Europeo así lo aconseja. Y pide que en España se haga lo mismo en casi todos los Consejos sectoriales y "cuando se debatan asuntos que afecten a las competencias autonómicas" en los Consejos estrella, el de Asuntos Generales (Exteriores) y Ecofin (Economía y Hacienda). El representante autonómico "sostendrá en todo caso la posición" de la delegación estatal y "se atendrá a las instrucciones" de su responsable, propone.El ministro de Exteriores, Abel Matutes, se ha definido en contra de la idea porque considera que la actual participación autonómica en la UE ya es eficaz y teme que la delegación española se convierta en "un patio de enfrentamientos entre intereses [autonómicos] contrapuestos". El Gobierno espera que el PSOE siga su senda, aunque éste dio su luz verde inicial a la proposición de EA, al igual que CiU e IU.

Pocos precedentes

La proposición no de ley plantea un paso de enorme alcance respecto de la actual participación autonómica que sólo una minoría de países, con estructura federal, ha emprendido: la presencia regional en Consejo, la institución colegisladora y última instancia decisoria de la Unión. Los casos emblemáticos son Alemania y Bélgica, pero también Austria, Portugal (para Azores y Madeira) y el Reino Unido (para Escocia) integran en ocasiones a un representante autonómico en su delegación estatal.En ambos casos el envite ha exigido un profundo desarrollo legal, incluso una reforma constitucional en Bélgica. El Tratado de Maastriclit es en principio prudente, al establecer en su artículo 146 que el Consejo está compuesto "por un representante de cada Estado miembro" con "rango ministerial" y facultades para "comprometer al Gobierno de cada Estado miembro". Pero le pueden acompañar otros o atribuirse la jefatura de la delegación al representante autonómico.

La eficacia belga deja mucho que desear. Los representantes regionales participan en muchos Consejos bajo la bandera del Estado, pero cuelgan su legitimidad de los Parlamentos autónomos y del federal. Juegan dentro de la incertidumbre, pues las instrucciones parlamentarias pueden llegar a tardar hasta dos años.

El modelo alemán es más ordenado. Los länder participan directamente en los Consejos de la UE que tratan materias de sus competencias: policía, cultura, educación, sanidad, régimen local. A diferencia de España, éstas están claramente regladas en la Constitución, sin zonas grises susceptíbles de superposición. Pero, como Maastricht obliga a que el miembro del Consejo sea un representante del Estado, capaz de comprometerle, suele ser un länder quien hace de Estado: representa y obliga a todos sus colegas, lleva la bandera alemana.

El problema es ponerse de acuerdo en quién debe ser, y a quién rinde cuentas. La trasposición de este esquema al caso español provoca el recelo de la Administración central, puesto que ya fue imposible en 1996 elegir a un representante de una comunidad autónoma como delegada de todas para encarnar la figura del agregado permanente", y al final el Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo que ser quien hiciera la propuesta, aceptada por todas.

El segundo problema es la legitimidad. En Alemania estas cuestiones se dirimen en el Senado (Bundesrat), que actúa como verdadera Cámara autonómica, lo que no sucede aún en España, estableciendo las posiciones que se llevan a Bruselas. El problema político-democrático queda así resuelto. Pero permanece el de la eficacia negociadora. En los Consejos a los que Alemania acude representada por los länder su posición suele ser más rígida, pues sus negociadores carecen de margen de maniobra, especialmente en las cuestiones planteadas sobre la marcha.

Discrepancias profundas

El Gobierno español apunta otro problema al imitar el modelo alemán. Se trata de que las divergencias entre los intereses de cada autonomía "son más amplias que entre los Iänder, se trate de la leche, del aceite o los fondos estructurales". Además, las negociaciones en la UE suelen ser largas, no deben someterse a intereses de corto plazo so pena de debilitar la posición negociadora" y alguien debe al final "realizar el arbitraje entre intereses distintos", para alcanzar una posición negociadora coherente, subraya Exteriores.La actual participación de las comunidades españolas en la construcción europea circula por dos vías: la consulta previa a la hora de formar la voluntad nacional y la participación en la puesta en práctica del Derecho comunitario, es decir la trasposición de directivas de los Quince en materias en las que son competentes, la aplicación y ejecución legislativas.