La batalla abierta por la tercera licencia de telefonía móvil se resolverá el 30 de junio

El Ministerio de Fomento adjudicará el próximo 30 de junio la tercera licencia para la prestación de servicios de telefonía móvil mediante el sistema DCS-1800. El plazo para la presentación de ofertas al concurso de adjudicación se cierra el 30 de abril. El ganador, que competirá con Telefónica y Airtel, tendrá que abonar 26.613 millones de pesetas al Tesoro en concepto de tasa por uso de espectro radioeléctrico. Los compromisos de inversión serán determinantes en la elección del ganador. Las bases del concurso, que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), establecen que el nuevo operador deberá prestar servicio antes de un año en las zonas urbanas de municipios con más de 500.000 habitantes.

Pocos días después de cerrar el plazo del concurso de la tercera licencia de telefonía fija, Fomento ha puesto en marcha la carrera por la tercera de móvil. Airtel y Telefónica Móviles disponen ya de licencias para explotar la telefonía móvil DCS-1800, aunque ninguna de estas dos compañías podrán prestar servicio con este sistema hasta seis meses después de la firma con el Ministerio de Fomento de los contratos concesionales de las licencias. Esa formalidad se hará simultáneamente con el nuevo operador, que de esa forma obtiene una ligera ventaja.La licencia se concede por un periodo de 25 años, prorrogables otros cinco. El tercer operador y Telefónica Móviles tendrán que pagar al Tesoro 26.613,7 millones de pesetas, en tanto que Airtel está exenta de este pago en virtud de los acuerdos con el Estado sobre compensaciones por los 85.000 millones que pagó por licencia para operar con tecnología GSM. Además, los tres operadores tendrán que pagar 2.200 millones para sufragar los costes derivados de la liberación del espectro radioeléctrico.

Puesto que la oferta económica por la licencia no se considerará en el concurso, Fomento ha anunciado que valorará especialmente los compromisos de inversión en infraestructuras propias. En este caso, el ministerio no exige un compromiso mínimo de inversiones, pero las bases del concurso estipulan que el nuevo operador deberá prestar servicio antes de un año en las zonas urbanas e intermedias de los municipios con más de 500.000 habitantes. Estimaciones independientes señalan que el nuevo operador tendría que invertir, al menos, 200.000 millones en los dos primeros años para competir con garantías de éxito.

En el concurso se valorarán, de cero a 100 puntos cada uno, el anteproyecto técnico, el plan de despliegue de cobertura, la estrategia comercial, el plan económico financiero y las aportaciones a la economía nacional contenidos en las ofertas.

El pliego de bases prevé que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), "en función de la evolución del mercado y para asegurar una competencia efectiva", podrá imponer a los operadores actuales la obligación de llegar a acuerdos de "itinerancia nacional" con el concesionario del nuevo servicio, de forma que en las zonas que no tenga cobertura pueda utilizar las redes de los otros operadores, mediante a cambio de una cantidad acordada entre las partes.

Para evitar que los acuerdos de interconexión e itinerancia desincentiven la inversión en infraestructuras propias e independientes, el ministerio de Rafael Arias-Salgado ha establecido que los acuerdos no puedan extenderse más de cuatro años desde la concesión de licencias.