La comisión investigadora de las gasolineras se convierte en un foro de reproches políticos

La comisión que investiga en la Asamblea de Madrid el fraude en las gasolineras destapado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se entretuvo ayer durante tres horas en un debate sobre responsabilidades políticas presentes y pasadas. El PSOE acusó al PP de haber actuado con negligencia tras la denuncia, lo que motivó "que se escapara el bicho" (nombre del mecanismo supuestamente empleado para suministrar menos combustible del que se cobraba). Y el PP rescató un informe de 1994 para culpar al PSOE de no haber combatido a tiempo el fraude.

Tal informe, destapado por EL PAÍS el 25 de enero pasado y elaborado por funcionarios regionales, apuntaba ya en 1994, durante el mandato socialista, la existencia de "indicios de conductas irregulares" en 21 gasolineras donde los inspectores hallaron diferencias de hasta 10.000 litros entre lo que habían comprado y lo que habían vendido.El PP cree que el anterior gobierno regional pasó de puntillas por este informe y no actuó contundentemente para averiguar si esos indicios correspondían a una estafa real en la venta de gasolina a los usuarios. "Tras descubrir que no concordaban los albaranes de compra de gasolina con los registros de venta de combustible, tan sólo difundieron una nota de prensa en la que aseguraban que todo estaba bien y que los usuarios podían estar tranquilos", expuso el portavoz del PP, Fermín Lucas. Y a continuación preguntó al ex consejero de Economía José Luis Fernández Noriega: "¿Por qué no dictó una orden para que se inspeccionarán los precintos interiores de los surtidores de esas gasolineras? Usted tuvo 21 casos irregulares y no hizo nada. Nosotros, tras la denuncia de la OCU sobre seis establecimientos, actuamos con contundencia para inspeccionar todos los precintos".

Fernández Noriega se defendió: "En aquel momento elaboramos un borrador de reglamento que no se llegó a aprobar porque llegaron las elecciones y dejamos listo un convenio con el Centro Español de Metrología para mejorar los sistemas técnicos de inspección, que ustedes no han sido capaces aún de firmar". El ex consejero de Economía atacó después la negligencia del Partido Popular. "El nuevo Gobierno ha tenido tres años para mejorar esa situación y no ha hecho nada. Además, hicieron durante unos días caso omiso a la denuncia de la OCU y perdieron un tiempo precioso, lo que permitió que se escapara el famoso bichito con el que supuestamente se manipulaban los surtidores". Fernández Noriega aseguró que no había podido alertar a su sucesor sobre el controvertido informe de 1994 porque el actual consejero de Economía, Luis Blázquez, quedó en llamarle para tratar el traspaso de poderes pero nunca lo hizo.

Antes del agitado debate político entre socialistas y populares comparecieron ante la comisión de investigación los representantes de la OCU, quienes precisamente habían pedido el día anterior que este foro no se convierta en una batalla política. Ayer, aseguraron que el fraude descubierto se puede repetir dentro de unos meses si no se toman ahora medidas legales urgentes. José María Múgica, portavoz de la OCU, aventuró que los empresarios de gasolineras poco honrados podrán volver a defraudar una vez que concluya esta polémica si no se reforman los sistemas vigentes de inspección.

Múgica evaluó en unos 85 millones al año el beneficio de las gasolineras que supuestamente estafaron a los usuarios.

La OCU descubrió en 14 estaciones de Madrid unas diferencias del 4% al 7% entre la cantidad de combustible cobrada y la suministrada. Todas las gasolineras pertenecían al grupo Villlanueva, cuyos principales responsables deberán comparecer en los próximos días en la Asamblea de Madrid.