El gran cambio fiscal

EL IMPUESTO sobre la renta de las personas físicas (IRPF) no es un impuesto cualquiera. Es el tributo que impone el principio de progresividad fiscal, es decir, que paguen proporcionalmente más quienes mayores ingresos tienen. Tiene un alcance casi universal, ya que afecta a unos treinta millones de ciudadanos y es una de los mayores máquinas recaudatorias de Hacienda, con casi seis billones de pesetas. Cualquier reforma del IRPF que vaya más allá de retoques circunstanciales tiene un significado político y refleja con exactitud los objetivos del reformador. Una comisión de expertos, presidida por el catedrático Manuel Lagares, ha elaborado, a petición del Gobierno, una propuesta de reforma del IRPF en línea con la promesa electoral del PP de rebajar el impuesto. El cambio que plantea la comisión es muy profundo e implica en la práctica un modelo distinto. Los objetivos declarados son aumentar la neutralidad en el tratamiento fiscal del ahorro, simplificar la compleja normativa del impuesto y buscar una homologación tributaria con los países europeos que evite la fuga de capitales. El IRPF que se propone incluye una reducción del número de tramos de la tarifa, de los ocho actuales a cinco en una primera fase; una rebaja del tipo marginal máximo por debajo del 50% -frente al 56% vigente- y lo más cerca posible del 45%; la eliminación de las grandes deducciones actuales, entre ellas la de intereses por vivienda -se mantendría la del capital invertido- y la de gastos de enfermedad; para compensarlas, se crearía el concepto de mínimo vital, una cantidad deducible en la base que sume los gastos familiares mínimos. Sobre el tratamiento fiscal del ahorro se sugiere una fórmula novedosa -aunque difícil de aplicar- que consistiría en una deducción general (del 10%) sobre las cantidades destinadas al ahorro durante el ejercicio. También se recomienda, con condiciones, suprimir la retención del 25% en los rendimientos del capital mobiliario. Del modelo de IRPF planteado se podrá decir que es más simple, más fácil de gestionar o más favorable para el ahorro, pero no que sea mas justo, puesto que la progresividad desaparece en gran parte. Si en el impuesto actual el contribuyente podía acercar su declaración de renta a su situación personal mediante cada una de las deducciones, en el que proponen los expertos desaparecen tales matices. La creación del mínimo vital es un artefacto ingenioso, pero en ningún caso concederá a las rentas más bajas la ventaja relativa -a lo sumo compensará la ausencia de deducciones- que supone para las más altas la reducción del tipo marginal máximo. Las propuestas de la comisión benefician, en general, a las rentas más elevadas. Pero entre la propuesta de los expertos y el IRPF que finalmente se decida puede haber una gran distancia. No está claro qué cambios de los recomendados está dispuesto a incorporar el Gobierno. Porque cambiar el IRPF puede tener también importantes consecuencias políticas. Sirvan como ejemplos la preocupación más que evidente de Hacienda por si la supresión de la deducción de intereses en la compra de vivienda provoca algún tipo de rechazo social; o la advertencia del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de que no se reduzca demasiado el tipo máximo del IRPF, dictada seguramente por el temor a perder parte de la recaudación de las comunidades autónomas tras la cesión del 30%. Sin contar con que en algunos aspectos decisivos como el tratamiento de las rentas acumuladas en el matrimonio la comisión tan sólo enumera los sistemas aplicables: tarifas múltiples, cociente familiar... De ahí que haya que lamentar que el Gobierno no haya enviado al Congreso su propuesta de IRPF en lugar de las conclusiones de los expertos. El Gobierno está en su derecho de rebajar el IRPF. Es más, se comprometió a ello. Y una reducción de impuestos bien construida es beneficiosa para todos los ciudadanos. De hecho, la preocupación por el ahorro y la necesidad de construir una base imponible del IRPF más equilibrada entre rentas de trabajo y de capital está en los programas de todos los partidos. Pero los expertos también piden "un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal", especialmente en los resquicios que deja la legislación actual, por ejemplo, para la creación de sociedades de tenencia de bienes por parte de los grandes patrimonios para tributar el 35% en lugar del 56%. Para plantear esta rebaja con rigor el Gobierno debería buscar un amplio consenso político y social que la respalde y garantice las cuentas. Los ciudadanos deben saber si la rebaja del IRPF se compensará con la subida de impuestos indirectos o con un aumento de la actividad económica. No sea que se termine pagando con menos inversión en infraestructuras o con un recorte disimulado de la protección social.