Cada juzgado de civil o social de Barcelona sólo admitirá una media de 80 casos al mes

La saturación en los juzgados de civil y social de Barcelona ha llevado a sus jueces a acordar, por mayoría, la imposición de algo parecido al numerus clausus en la tramitación de las demandas. En el caso de lo civil, la fórmula consiste en que cada juzgado sólo admitirá 80 casos al mes. En lo social, el cómputo es anual, y el tope se fija en 800 demandas al año (una media similar, al excluirse el verano). Superados esos topes, se entra en lista de espera. El decano de los jueces, Joaquín Bayo, justificó la medida por la "imposibilidad de asumir el ritmo de entrada de asuntos".

La decisión del tope fue acordada en la junta de jueces de lo civil el pasado 17 de febrero pero con efectos desde el 1 del mismo mes. En aplicación de este acuerdo, el pasado lunes se suspendió el reparto de asuntos entre los 49 juzgados que tramitan demandas de civil, a excepción del encargado de las incapitaciones, que ha sido excluido del numerus clausus. También se excluyen algunas demandas específicas en los pleitos por separación, como las relativas a las medidas provisionales.En los 26 juzgados de lo social que tramitan demandas laborales, la decisión se tomó el pasado 10 de febrero. En esa instancia, el ritmo actual de trabajo es la entrada de 1.300 asuntos por juzgado y año. Según el acuerdo, cada juzgado tendrá el tope de 800 pleitos por año. El resto de los expedientes se acumulará para ser repartidos al año siguiente. También en lo social se hace excepción de las demandas urgentes, como son las de despido.

Según informó el decano, en el primer mes de aplicación del numerus clausus en los juzgados de civil sólo se ha podido dar a reparto el 75% de las demandas presentadas. El resto quedará acumulado y se repartirá, por estricto orden de llegada, a partir del 1 de marzo. El reparto se volverá a paralizar al llegar al número 80, y así sucesivamente.

Si la proporción de entrada de asuntos se mantiene estable con respecto a lo ocurrido en el primer mes de funcionamiento, es previsible que dentro de unos meses el tiempo de retraso para acceder al reparto sea ya considerable. Sobre qué ocurrirá ante esta eventualidad, Joaquín Bayo señaló que todo dependerá de la reacción de los profesionales.

Los primeros en reaccionar han sido los abogados. En un comunicado hecho público ayer señalan que la medida perjudica "seriamente" al ciudadano y anuncian que solicitarán a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Cataluña que anule el acuerdo de los jueces. Eso es lo que ocurrió con un acuerdo similar al que llegaron los jueces de civil de Madrid hace dos años.

Desbordados

Bayo no quiso calificar el acuerdo como de medida de presión hacia el Ministerio de Justicia. Pero sí afirmó que lo que está clara es la actitud del ministerio de no ampliar el número de juzgados, ni tampoco la plantilla. "Podríamos poner como ejemplo un depósito de agua que si se llena en exceso se desborda. Y los juzgados de social y civil hace tiempo que están desbordados", puntualizó. Y agregó que su deseo es que la medida sea "algo temporal".Para ilustrar el agobio de papel que sufren los juzgados, Bayo recordó que si la directriz del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dispone que los juzgados de lo civil atiendan 850 asuntos anuales, los de Barcelona superan los 1.200. En el caso de las demandas laborales, Barcelona dicta bastantes más sentencias que otras capitales españolas. Con una media de 887 por juez y año, supera a Madrid (548) a Valencia (647) o a Bilbao (653).

El decano de los jueces manifestó que el ciudadano no resultará más perjudicado por la medida acordada de lo que ya lo está. Preguntado si la imposición de un tope no menoscaba el derecho del ciudadano a la tutela judicial efectiva, Bayo precisó que los juzgados tampoco pueden garantizar ese derecho "si el número de asuntos sobrepasa la capacidad de los juzgados por la falta de medios". Subrayó, además, que no se trata de una medida de fuerza, sino de intentar "racionalizar" el ritmo de trabajo.

En opinión del decano, la situación podría mejorar si "al menos" se cumpliera la Ley de Planta, que prevé más juzgados tanto en social como en civil. "Otra cosa es que el tipo de procedimiento en civil está absolutamente desfasado para los tiempos actuales", apuntó.