Ruiz-Gallardón retirará en 1999 la tasa que grava las recalificaciones municipales

Los Ayuntamientos no tendrán que pagar el próximo año, tal y como ha aprobado el Gobierno regional, 10 pesetas por cada metro cuadrado recalificado, una medida que había levantado las airadas quejas de todos los alcaldes de la región. El presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Luis Partida, aseguró ayer a los regidores de la Comisión Ejecutiva de la FMM (órgano directivo de la federación) que había arrancado al Gobierno la promesa de retirar la tasa en 1999. Los regidores no lo creen suficiente. Quieren que se retire este año.

La Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad no encuentra quien la respalde. Ni siquiera el propio Gobierno del PP, que la propuso. Luis Partida, también del PP, aseguró ayer que había convencido al presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, para que la derogue en el próximo ejercicio. ¿La razón? La totalidad de los alcaldes de Madrid se ha echado encima de la FMM reclamando su derogación.Este impuesto fue aprobado el pasado diciembre por la Asamblea de Madrid. El PP aprobó la Ley de Tasas que incluía una tasa de 100 pesetas a los Ayuntamientos por cada metro cuadrado que recalificasen. IU se abstuvo y el PSOE lo apoyó. Cuando los responsables municipales vieron el pasado enero el impuesto en el Boletín Oficial de la Comunidad, se echaron las manos a la cabeza. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid hubiera tenido que pagar por su nuevo Plan General 6.000 millones de pesetas .

Error de cálculo

La presión municipal para que se retirase la tasa fue entonces enorme. El Gobierno, acosado, declaró que el impuesto de 100 pesetas había sido "un error de cálculo". Es decir, donde se leía 100 tenía que poner 10. Hace una semana, la Asamblea acordó modificar la ley en este sentido. El PSOE votó en contra porque pretendía en esta ocasión que se retirara el impuesto.El dinero que la Comunidad tiene previsto recaudar por este concepto (unos 250 millones) servirá para pagar los trámites técnicos y burocráticos que son necesarios cada vez que se revisa un plan urbanístico, y que corren a cuenta de las arcas de la Comunidad.

Pero, a los regidores, las 10 pesetas por metro cuadrado les siguen pareciendo mucho. La Comisión de Hacienda de la FMM, presidida por el alcalde de Pozuelo, José Martín Crespo, del PP, rechazó hace dos semanas la tasa. Crespo planteó al PP su dimisión de la FMM si no se retiraba el impuesto. Lo mismo hizo el presidente de la FMM, Luis Partida, que se comprometió a dimitir si no conseguía que el Gobierno rectificase.

El alcalde de Móstoles, José María Arteta, del PSOE, se congratula de lo logrado por Partida, pero recuerda que lo que el Gobierno regional debe hacer es retirar "inmediatamente" la tasa. De hecho, el Comité Ejecutivo aprobó "instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad que proponga a la Asamblea su inmediata derogación".

La misma Ejecutiva decidió también ayer reclamar al Gobierno que no lleve a la Asamblea la Ley de Administración Local, norma que regula las relaciones entre la Comunidad y los Ayuntamientos. PSOE e IU la consideran "repetitiva, inadecuada y mal hecha".

El Gobierno anunció hace unos días que la retiraba hasta que se aprobasen el Pacto Local (ley nacional que busca nuevas vías de financiación para los municipios) y la reforma del Estatuto de Autonomía. Pero a la FMM eso no le parece suficiente. La alcaldesa de San Fernando, Montserrat Muñoz, de IU, pidió que se elaborase un nuevo borrador donde se reflejen las opiniones de los municipios.

Esta ley incluía en su articulado nuevas competencias para la Comunidad, que evitarían que los alcaldes que se niegan a convocar las mociones de censura se perpetúen en los cargos. Al haber sido retirado el borrador, la Comunidad pierde estas prerrogativas. Por eso, la FMM ha acordado reclamar al Congreso una modificación de la Ley Electoral. La propuesta de la FMM propugna que los regidores que se nieguen a convocar las mociones de censura pierdan su cargo inmediatamente. El concejal de mayor edad será el encargado de decidir qué día se reúne el pleno para votar la moción. Actualmente, cuatro regidores se niegan a convocar las mociones de censura. Dos son del PP (Fuente el Saz y Ajalvir) y otros dos pertenecen a partidos independientes (Navas y Brunete).