Almunia se negó a pactar con Aznar el nombre del futuro presidente del Constitucional

La entrevista entre el presidente del Gobierno, José María Aznar, y el líder del PSOE, Joaquín Almunia, la pasada semana, estuvo repleta de negativas hacia las peticiones del jefe del Ejecutivo. El líder del PSOE rechazó la oferta de Aznar de acordar entre ambos el nombre del futuro presidente del Tribunal Constitucional. El presidente adelantó el nombre de Francisco Rubio Llorente. Almunia respondió que el procedimiento era anómalo, ya que Aznar proponía una negociación que no corresponde a los políticos, sino a los magistrados.

La negociación que deben emprender los partidos políticos no es para elegir al presidente del Tribunal Constitucional sino para ocupar las plazas de cuatro magistrados cuya renovación se debía haber producido ayer, al cumplirse los plazos para los que fueron nombrados. El PSOE se niega a hablar de nombres propios hasta que el Partido Popular no acepte varias condiciones sobre "el perfil" de los nuevos magistrados.El líder del PSOE, Joaquín Almunia, que se encuentra de viaje oficial en La Habana, aseguró que de sus labios no ha salido ni un solo nombre de candidato para ocupar los cuatro puestos que hay que renovar en el Alto Tribunal. El secretario general de los socialistas ha pedido a sus compañeros de grupo parlamentario que adopten la misma actitud. Hasta ahora, los nombres que han empezado a circular no proceden de las filas socialistas, según la versión de Joaquín Almunia, que, ayer reconoció, no obstante, que en su reunión de la pasada semana con el presidente del Gobierno sí hubo un nombre sobre la mesa, aunque él ni siquiera quiso opinar.

El jefe del Ejecutivo, José María Aznar, no le propuso a Joaquín Almunia consensuar en ese momento los nombres de los magistrados que tendrán que ser votados en el Senado, sino quién será el próximo presidente del Tribunal Constitucional. El prestigioso magistrado Francisco Rubio Llorente fue el nombre que Aznar propuso a Almunia para ocupar la presidencia de ese Tribunal. A juzgar por la forma en la que ayer Almunia afrontó el asunto, no es arriesgado deducir que su respuesta al presidente no fue nada amable. "Le dije al presidente que ni él ni yo somos nadie para negociar nada menos que el nombre del presidente del Tribunal Constitucional".

En puridad, son los magistrados de ese órgano quienes deben elegir a su presidente. "No tenemos derecho a suplantar o condicionar la voluntad de los magistrados", dijo Almunia, quien, sin embargo, reconoció su disposición a ponerse de acuerdo con Aznar para escoger a los magistrados que serán elegidos por el Senado.

El líder del PSOE informó al jefe del Ejecutivo de las condiciones o características sobre las que se debían poner de acuerdo antes de colocar nombres sobre la mesa. Primero, los candidatos deben tener una "altísinia cualificación profesional". El segundo requisito es que los elegidos tengan también "un gran sentido de Estado y una probada lealtad constitucional". En tercer lugar, el Tribunal debe ser un órgano en el que haya mujeres. Por último, habrá que tener en cuenta las áreas jurídicas que quedan peor cubiertas con la salida de los cuatro magistrados que ahora ven terminado su mandato. Estas son las consideraciones o el "marco general" que el PSOE exige al partido del Gobierno para empezar a hablar.

Lo cierto es que José María Aznar logró sorprender a Almunia al proponerle hablar directamente del presidente del Tribunal Constitucional cuando, hasta ese momento, los problemas estaban en otro lado. En el Grupo Parlamentario Socialista se aseguraba hasta ese momento que la petición oficiosa del Partido Popular era la de que, dada su mayoría, le correspondía proponer tres candidatos, en tanto que el PSOE debía conformarse con proponer al cuarto. Esta consideración, siempre según fuentes socialistas, la formulaba el Partido Popular sobre la base de que gozan de la mayoría absoluta en el Senado y ésta es la Cámara que tendrá que votar a los nuevos magistrados. El PSOE pasa por alto esa mayoría en la Cámara alta y apela a que la diferencia real entre el PSOE y el PP no superó en las últimas elecciones los 300.000 votos a favor del segundo, lo cual le da margen para pedir que cada uno pueda proponer a dos magistrados.