Lejos de casa

En los últimos años se ha producido un acceso masivo de los jóvenes a los estudios universitarios. Hemos pasado a situarnos entre los países europeos con mayor tasa de escolarización en educación superior y, para atender una demanda tan elevada, se ha creado un considerable número de nuevos campus. Ha habido una aproximación de los centros universitarios a los ciudadanos, de modo que ya no es necesario desplazarse a una ciudad lejana para estudiar. A la vez, junto a la transferencia de competencias a las comunidades, se han consolidado los distritos universitarios y una forma de clientelismo que consagra una inmovilidad por la que, salvo un número muy reducido, los estudiantes acceden sólo a las universidades más próximas. Esto quiebra un principio de equidad: poder elegir en competencia y según méritos. Se ha generalizado la posibilidad de cursar estudios superiores, pero acudir a los mejores centros sigue reservado a los hijos de las familias con más recursos. Restricciones administrativas y, sobre todo, un sistema deficiente y limitado de ayuda a los estudiantes se oponen a la movilidad.Es un reflejo de nuestra sociedad, asentada en la cultura de vivir siempre en el mismo lugar: en un mismo entorno se juega de niño, se estudia de joven y se trabaja de mayor. No creo en la bondad de los pueblos encerrados en sí mismos y poco permeables a otras culturas: es una manifestación de pereza mental cubierta bajo el falso manto de la defensa de "lo propio y diferente".

Incrementar la movilidad no es contrario al respeto a la diversidad cultural y lingüística de los pueblos. Este reduccionismo tiene un carácter retrógrado, aldeano y no encaja bien con la construcción europea. Otra cosa es que deben evitarse, o corregirse, los desequilibrios económicos que generan la llegada de un número elevado de alumnos provenientes de otras comunidades. La movilidad estudiantil tiene un valor añadido: favorece la educación en la tolerancia, la convivencia con otras culturas y otras visiones de la vida, la solidaridad, y genera una cohesión contrapuesta al centralismo que ha marcado nuestra historia.

La restricción en el desarrollo del distrito compartido, por presiones administrativas, es un ejemplo de las dificultades que se oponen a la movilidad. Estancado durante años en el 5% de las plazas ofertadas, recuerdo la irritación que produjo en ciertos ámbitos una propuesta que apoyamos en junio de 1995 desde la Secretaría General del Consejo de Universidades, de incrementarlo al 10%.

La movilidad es esencial para disponer de un sistema moderno. Si queremos que sea diversificado, que la evaluación tenga utilidad real, que sea compartido, es imprescindible que los alumnos puedan elegir universidad. En los próximos años, el dinamismo de las instituciones universitarias estará vinculado a su capacidad de captar clientes.

Más graves que las barreras administrativas son las económicas. Para que los estudiantes se puedan desplazar a otras universidades, atraídos por su oferta académica, tienen que disponer de recursos. Y ésta es una dificultad mayor, pues las carencias del programa de ayudas constituyen uno de los puntos débiles de la política universitaria en España. Es uno de los sistemas de educación superior europeos que menos fondos públicos destina a financiar los gastos indirectos de los estudiantes. La baja, o casi nula, atención financiera a la movilidad y a la compensación de ingresos familiares no permite a los estudiantes de familias con rentas bajas acceder a la misma universidad, a las mejores opciones, que los de familias más acomodadas. Se necesita un incremento considerable de los fondos públicos de ayuda a los estudiantes, en forma de becas y de subvenciones para préstamos, ampliando su actual cobertura del 20%, de modo que dentro de 10 años se alcance un 50%, más homologable internacionalmente. Es una inversión necesaria para mejorar nuestro sistema universitario.