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Los médicos franceses tendrán que recetar siempre el fármaco más barato

El Gobierno galo se compromete a fomentar el uso de genéricos

El Gobierno francés pretende reducir el gasto sanitario y, al mismo tiempo, aumentar la inversión en materia de investigación farmacéutica. Estos dos objetivos han sido estudiados en Consejo de Ministros a partir de una comunicación presentada por Bernard Kouchner, secretario de Estado para la Sanidad. Las principales medidas consistirían en la obligación, para los médicos generalistas, de recetar siempre el medicamento menos caro y el compromiso del Gobierno para duplicar en menos de dos años el número de genéricos.

Siempre que haya varios medicamentos en el mercado con el mismo valor terapéutico, el médico generalista francés que se disponga a firmar una receta deberá prescribir el más barato. Al mismo tiempo, el Gobierno se compromete, a través de la Agence du Médicament, a lograr que se duplique, antes de que haya acabado 1999, el número de medicamentos llamados genéricos [fármacos de cuyo principio activo los laboratorios han perdido la patente, por lo que se pueden vender más baratos] disponibles en el mercado. En 1996 sólo suponían el 5% de los existentes y apenas el 2% en valor, en gran parte porque son entre un 15% y un 30% más baratos.Dentro del presupuesto de la sanidad francesa, el consumo de fármacos no ha podido ser controlado y crece más deprisa que otros gastos sanitarios. De ahí esta iniciativa. En la actualidad, la Seguridad Social reembolsa siempre un porcentaje variable del precio del medicamento. Ese porcentaje, que puede ir del 25% al 100%, depende tanto de la situación social del afiliado como de las características del producto. Los llamados medicamentos de confort -la aspirina, por ejemplo- están mucho menos cubiertos que productos imprescindibles para la terapia combinada contra el sida. Respecto a los genéricos, es decir los fármacos cuyos derechos de invención ya han quedado libres, la Agence du Médicament quiere mejor controlar su calidad, la lista de los existentes y, sobre todo, impulsar que sean muchos más los disponibles.

Para controlar el gasto, el Gobierno también se fija como objetivo el reducir la producción de antibióticos y antidepresivos en un 10% antes de 18 meses. El consumo de este tipo de fármacos se considera excesivo. Para compensar hipotéticas pérdidas, el Ejecutivo se compromete a agilizar los trámites de inscripción de los medicamentos y a acortar el plazo de decisión de la fijación de precios.

Para conseguir esa reducción del 10% en la producción de tranquilizantes se pretende llegar a un nuevo acuerdo marco con los industriales que tendrá como punto de partida el establecer qué clases de medicamentos son realmente objeto de consumo abusivo.

Otra de las cuestiones abordadas tienen que ver con los trámites administrativos y su lentitud. Los enfermos de sida, de cáncer, las personas en situación terminal o cuyo tratamiento va acompañado de dolor y los niños no se beneficiaban de ningún trato de favor. A partir de ahora, los medicamentos nuevos o para combatir el dolor estarán a disposición del público antes porque se reducirá la duración de la investigación administrativa previa a la autorización.

Por último se quiere también potenciar el esfuerzo de investigación de los laboratorios privados proponiendo nuevos tipos de convenios a la vez que se promueve la investigación en el sector público y se intenta que la Seguridad Social concentre sus esfuerzos financieros en medicamentos innovadores.

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