El fiscal exige retirar cinco líneas de alta tension por su riesgo para la salud

Madrid - 18 feb 1998 - 00:00CET

La excesiva proximidad existente entre algunas líneas de alta tensión de Madrid capital y las viviendas y colegios que las rodean puede incidir negativamente en la salud de vecinos y escolares. Así lo entiende la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que acaba de dar instrucciones al Ayuntamiento y a la Comunidad para que, en un plazo máximo de "ocho años", retire o desvíe los tramos de los trazados de cinco líneas de alta tensión que circundan calles de Aravaca, Herrera Oria, Vallecas, Usera y Latina.

Informes científicos en poder de la fiscalía revelan que la proximidad entre algunos tramos de esas líneas con bloques de pisos quebrantan "las distancias sanitarias mínimas exigibles" y que ello puede afectar a la salud de sus moradores. En algunos casos, el tendido eléctrico pasa a "menos de siete metros" de centros educativos, cuando la distancia mínima debe ser de 16 metros.

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De las cinco líneas investigadas por el fiscal, dos de ellas -las que atraviesan Usera y Vallecas- son, con diferencia, las más peligrosas, y deben ser "enterradas o desviadas" de sus lugares en un plazo máximo, según el fiscal, de "cuatro años". El impacto en la población de las otras tres líneas investigadas -que cruzan Aravaca, Herrera Oria y Latina- es menos grave si bien su distancia de las casas es inferior al mínimo aconsejable. Para estos tres últimos tendidos, el plazo de supresión fijado se eleva a ocho años.

Estas cinco líneas fueron inspeccionadas y medidas el pasado verano -siguiendo instrucciones del fiscal responsable del área de Medio Ambiente y Consumo, Emilio Valerio- por técnicos del Instituto de Magnetismo Aplicado Salvador Velayos, de la Universidad Complutense. Las mediciones fueron remitidas a la Universidad de Alcalá y al hospital Ramón y Cajal para que evaluasen, en función de las distancias entre torres y edificios, si la salud de los vecinos corría algún riesgo.

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"Inmediata intervención"

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La fiscalía destaca que algunos tramos de las cinco líneas incumplen las distancias de separación mínima, "lo que requiere la inmediata intervención de las autoridades públicas". Explica el fiscal: "Los altos valores [electromagnéticos] detectados" en la línea de Usera, que pasa junto a viviendas y a un instituto, indican que debe ser "intervenida de inmediato" en su trazado "por la calle de Tomelloso", así como en la "confluencia de esta calle con la de Hernández Requena".Aún más grave, añade el fiscal, es el impacto de la otra línea de alta tensión, especialmente peligrosa, la que cruza, en Vallecas, "las calles de Palazuelos, Sierra de Tortejada y un colegio público de la zona". El fiscal no especifica el nombre de este centro escolar, pero sí hace hincapié en la "alarmante" proximidad (unos 10 metros) que existe entre la línea y el patio del recreo.

La incidencia de las otras tres líneas investigadas (Aravaca-Pozuelo, Herrera Orla-Arzobispo Morcillo, Latina-Barrio de Aluche) es inferior, si bien, sostiene el fiscal Valerio, también presentan un riesgo potencial para la salud que aconseja su desmantelamiento "en un plazo máximo de ocho años". Y es así por la proximidad de parte de sus trazados con viviendas habitadas, lo que "excede notablemente" los niveles admisibles" en términos "sanitarios". Similar peligro revisten, ya en la zona de Aravaca-Pozuelo, las líneas adyacentes a un grupo de viviendas unifamiliares situadas en una esquina de "la avenida de la Osa Mayor"; y en la zona de Herrera Oria, "los bloques número 13 de la calle de Arzobispo Morcillo", y "los número 15 y colindantes de la calle de Alfredo Marquería, así como un solar, pendiente de edificar, que cierra esta última calle y que limita con las de Fermín Caballero y Sangenjo". "En la zona Latina-Barrio de Aluche, los bloques desde el número 1 hasta el 13 de la calle de Seseña" también están afectados por otra línea. Iberdrola culpa al Ayuntamiento de permitir la construcción de viviendas junto a estos tendidos. Precisamente, la Comunidad elaboró un decreto el pasado octubre por el que obliga a enterrar las líneas de alta tensión allí donde se construyan nuevas urbanizaciones.