El Gobierno afronta la reforma del impuesto sobre la renta como su pricipal baza electoral

La reforma del impuesto sobre la renta es la de mayor calado político y económico de esta legislatura. Afectará a 30 millones de ciudadanos, que presentan cerca de 15 millones de declaraciones y que aportan la tercera parte de los recursos del Estado. El nuevo impuesto entrará en vigor el año 1999, pero los contribuyentes la notarán en la declaración que presenten a mediados del año 2000, justo al final de la legislatura.La aceptación social del nuevo impuesto y el examen sobre el cumplimiento del programa electoral del PP determinarán un buen número de votos. De aquí el Gobierno afronte esta reforma como su principal baza electoral con la vista puesta en la mayoría absoluta. La intención es que todos los contribuyentes noten la rebaja, en especial las rentas inferiores, algo que los partidos de la oposición ponen desde ahora en tela de juicio.

El principal problema a resolver es el de un impuesto que recae sobre todo en las rentas salariales. En la última declaración presentada (en 1997 sobre los ingresos de 1996), la primera plenamente gestionada por el Gobierno del PP, las rentas del trabajo han aumentado su participación sobre el total declarado: desde el 80,17% en 1996 hasta el 80,81% en 1997. Cinco años antes era del 76%.

Esto hace que el IRPF descanse, sobre todo, en los niveles más bajos. En el último ejercicio, el 85,5% de los declarantes del impuesto consignaron ingresos inferiores a 3,4 millones de pesetas. Por encima de 25 millones de pesetas, únicamente se situaron 13.000 contribuyentes.

El actual esquema de deducciones hace, sin embargo, que en los niveles más bajos el beneficio fiscal sea comparativamente superior. En los tramos de hasta dos millones de pesetas (el 65% de los contribuyentes) la carga fiscal (diferencia entre tipo medio y tipo efectivo) se rebaja en unos cinco puntos por el juego de las deducciones. En rentas entre dos y tres millones baja cuatro puntos y entre tres y diez, dos puntos.

De aquí se desprende que la eliminación de las deducciones en la cuota del impuesto perjudicaría a las rentas más bajas. El Gobierno se propone compensarlo con la deducción de un mínimo familiar en la base del impuesto, de unas 500.000 pesetas más la mitad por cada hijo. Los expertos consultados señalan que ese mínimo familiar beneficiará proporcionalmente más cuanto mayor sea la renta.

La razón es que cuanto mayor sea el tipo marginal de la tarifa que corresponda, más alto es el porcentaje que deja de tributar. Si el tipo marginal máximo se reduce -será inferior al 50% para cumplir el principio de que el Estado no se quede con más que el contribuyente- el efecto será menor.

La cuantía de ese mínimo familiar -Los gastos necesarios para vivir- que finalmente se aplique es una de las principales decisiones políticas a adoptar por el Gobierno. Sería pillarse las manos si esa cantidad superase a un buen número de pensiones públicas, a las prestaciones por desempleo o al salario mínimo.

Otro elemento clave de decisión política es la fiscalidad de la vivienda. Es prácticamente seguro que se eliminará la deducción en la base de los intereses pagados por créditos hipotecarios y que desaparezca también la consideración como ingreso del 2% del valor catastral de la vivienda. En la actualidad, las deducciones por vivienda se disfrutan por 3,5 millones de contribuyentes, aproximadamente la cuarta parte del total.

La eliminación de la deducción por gastos financieros plantea el problema de que es al inicio de la vida del crédito -momento de mayores dificultades económicas- cuando se pagan muchos más intereses que capital. En sentido contrario, eliminar la tributación por la vivienda beneficiará más a los propietarios de pisos con valores catastrales más altos.

El Gobierno mantendrá la deducción del 15% en la cuota del impuesto por compra de vivienda y se propone mejorarla para las rentas más bajas. Está también pendiente de decisión política si se pone un tope de deducción según el valor de la vivienda. El problema es geográfico ya que el 90% de los pisos tienen un valor inferior a los 20 millones de pesetas, pero en ciudades como Madrid o Barcelona este porcentaje es del 20%.

Ayer el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte insistió en que el Gobierno primará la vivienda. Todo el espectro de la izquierda (PSOE, Izquierda Unida, Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya) y los sindicatos UGT y CC OO coincidieron en que la reforma fiscal perjudicará a las rentas bajas.