La falta de instalación para TV digital podrá ser multada con 50 millones

El Ministerio de Fomento va a acelerar la legislación sobre antenas parabólicas. Las normas para instalar la infraestructura necesaria para que se reciba televisión por satélite y cable tanto en edificios de nueva construcción como en los antiguos se aprobarán por la vía de urgencia como decreto-ley, previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo viernes. El decreto-ley sancionará con multas de hasta 50 millones de pesetas al constructor que no incluya esta infraestructura en sus nuevas obras, y bastará el acuerdo de un tercio de los propietarios para su instalación en los inmuebles ya habitados.

El decreto-ley introduce algunas modificaciones sobre el anterior anteproyecto de ley que regulaba la instalación de la infraestructura necesaria para dotar de nuevos servicios de telecomunicación -televisión por satélite y por cable y telefonía básica-.Entre las novedades destacan las siguientes: bastará el acuerdo de un tercio de los propietarios de un edificio ya construido para proceder a la instalación de dicha infrestructura en lugar de la mitad más uno de los copropietarios de la comunidad como se decía antes; se reduce de dos años a seis meses el plazo previsto para que el dueño del edificio o el presidente de la comunidad lleve a cabo la instalación comunitaria y pueda negar por tanto una instalación individual y se establece un nuevo régimen sancionador.

Éste está recogido en el artículo 11 del decreto-ley, en el que se señala en su punto 1 que "el incumplimiento de la obligación impuesta al constructor [la instalación de la infraestructura para nuevos servicios de telecomunicación] en los edificios de nueva construción se castigará con multa de 5.000.0001 hasta 50.000.000 de pesetas, graduándose su importe en función de la gravedad de la infracción".

En el punto 2 se dice que "la no instalación de la infraestructura por los obligados a ello [en el caso de los edificios ya habitados] se sancionará con multa de hasta 5.000.000 de pesetas".

Motivos de urgencia

La urgencia para la aprobación de esta norma la justifica Fomento en dos motivos. Por una parte, para evitar "la proliferación de sistemas individuales y cableados exteriores en los edificios de nueva construcción, que afectarían negativamente a la estética de los mismos". Por otra, por la necesidad de "dotar a los usuarios, en un momento en el que es patente la rápida diversificación de la oferta en los servicios de telecomunicaciones, de los medios jurídicos que garanticen la efectividad de su derecho a optar entre ellos". También se pretende "remover las trabas" para que los operadores actúen en igualdad de condiciones.Ambas razones están claras teniendo en cuenta la estructura de la vivienda en España. Según un estudio realizado por el Instituto DYM para la compañía de satélites Astra a mediados del año pasado, de los 11,7 millones de hogares españoles con televisor que existen, tan sólo el 28% de las viviendas (3,24 millones) son unifamiliares. El resto son bloques de edificios: el 3% (380.000) de dos viviendas; el 10% (1,17 millones) de tres a seis viviendas; el 18% (2,16 millones) de siete a 12; el 22% (2,52 millones) de 13 a 25; el 14% (1,63 millones) de 26 a 50; y el 5% restante (600.000) de más de 50 viviendas por bloque.

Poderes municipales

En este sentido, el decreto-ley mantiene la facultad de los ayuntamientos tanto para obligar a la instalación de antenas colectivas "cuando se considere peligrosa o antiestética la colocación de antenas individuales" en un edificio como para desaconsejar dicha infraestructura si el bloque no reúne las "condiciones para soportarla".El sector -operadores de servicios, fabricantes de equipos e instaladores- que ha colaborado con la secretaría de Estado de Comunicación en la redacción de la norma y aplaude la iniciativa mantiene, sin embargo, una reserva. El decreto-ley hace recaer en su artículo 6 el coste de la instalación comunitaria en los edificios ya construidos en los propietarios que ya disponen de antenas individuales. El sector confía en que el Ministerio de Fomento elimine la "penalización" a estos usuarios en la versión final del decreto-ley.