Los alcaldes pidieron al Gobierno regional que eliminase su nueva tasa urbanística, no que la redujese

Los alcaldes no quieren que ninguna tasa del Gobierno regional grave cada metro cuadrado que van a recalificar en sus pueblos. Por eso no se conforman con la reducción que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón pretende realizar de este impuesto: de 100 pesetas a 10 pesetas por cada metro cuadrado recalificado. La comisión de Urbanismo de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), presidida por José Martín Crespo, alcalde de Pozuelo (PP), aprobó el pasado día 5 pedir al Gobierno "que proponga a la Asamblea de Madrid su inmediata derogación [de la tasa], a través de los mecanismos parlamentarios oportunos".

El presidente del Ejecutivo regional, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer, tras el Consejo de Gobierno, que ha aprobado un proyecto de ley para modificar la ley de tasas; el precio pasaría de 100 pesetas a 10. El Gobierno justifica esta rebaja en que los veinte duros que aprobó en primera instancia era "un error de cálculo".

El presidente de la FMM, Luis Partida, se reunió el pasado martes con el presidente de la Comunidad y el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, para pedirles que rebajasen la tasa. Beteta accedió a dejarla en diez pesetas. "Ésa es una cantidad razonable", explicó el miércoles Partida. Partida añadió que, si no hubiera conseguido la reducción, habría dimitido.

Sin embargo, la petición de la comisión de Hacienda de la Federación de Municipios no era que se redujese el impuesto, sino que se eliminase completamente. La comisión de Hacienda -a la que asistieron ediles de Pozuelo, Colmenar Viejo, Gascones, Aranjuez, Madrid y Pinto- acordó recordarle al Gobierno "la imposibilidad de la aplicación material" de esta tasa, por lo que reclamó su "inmediata derogación".

La comisión propuso también organizar una jornadas municipales para analizar "la situación actual del urbanismo en la Comunidad de Madrid, y que se lleve a cabo un debate en profundidad acerca de la próxima legislación en materia urbanística". Los alcaldes consideran que sus ayuntamientos, fuertemente endeudados en muchas ocasiones, no podrían afrontar los costes que les supondría una recalificación de terrenos. El Ayuntamiento de Madrid, cuyo Plan General fue aprobado el año pasado, habría tenido que pagar más de 6.000 millones de pesetas por las recalificaciones realizadas. El municipio de Casarrubuelos (630 vecinos), que tiene un presupuesto de 80 millones de pesetas y que está finalizando su plan general, tendría que pagar 15 millones.

Este periódico no logró hablar ayer con Luis Partida para que explicase por qué aceptó la rebaja de la tasa que le ofreció el Gobierno regional, en vez de exigir su completa derogación, tal y como le había reclamado la comisión de Hacienda de la Federación de Municipios que preside.