Jospin asegura que pondrá todos los medios para que la ley se respete en Córcega

El primer ministro Lionel Jospin proclamó ayer en la Asamblea Nacional la determinación del Gobierno francés de utilizar "todos los medios para asegurar que la ley sea respetada en Córcega por todos, para todos y hasta el final". Salvo la apertura de una investigación sobre la utilización de los fondos públicos y el fraude fiscal en Córcega, Jospin no anunció medidas concretas, pero subrayó la necesidad de que esa política de restablecimiento del Estado de derecho en Córcega sea sostenida en el tiempo.

Su discurso, precedido de solemnes declaraciones de unidad republicana efectuadas por la totalidad de los grupos parlamentarios, buscaba también incorporar a esa tarea de limpieza general a los ciudadanos y cargos electos corsos. Como si no confiara demasiado en los actuales representantes corsos en la Asamblea -ninguno de los cuatro diputados estuvo presente en el pleno-, el primer ministro apeló expresamente a los futuros representantes que deben ser elegidos en las elecciones municipales de marzo.La alusión a las decenas de víctimas de la violencia desatada en la isla durante las últimas décadas y las referencias a la cultura y a la lengua corsas atemperaron notablemente el mensaje, asentado sobre la unidad e indivisibilidad de la república, que el presidente Jacques Chirac transmitió el lunes en Ajaccio.

Los dirigentes nacionalistas ajenos al mundo de la violencia terrorista consideraron ayer que el discurso de Chirac fue extremadamente rígido y les deja sin capacidad de maniobra para incorporarse a ese propósito general de regeneración política y social que reclaman las máximas instancias del Estado. "¿Cómo podemos trabajar juntos si se nos anuncia ya que Francia no está dispuesta a modificar lo más mínimo su posicion?", comentaba ayer François Alfonsi, secretario general de la Unión del Pueblo Corso en Ajaccio. "Hay un abismo de incomprensión entre nosotros, e incluyo a los electos no nacionalistas y los políticos franceses".

Frente a quienes juzgan sumamente extraño el comunicado de reivindicación del asesinato del prefecto Claude Erignac y dudan de los móviles políticos de sus autores, autodenominados ocasionalmente Sampieru, varios responsables nacionalistas moderados se mostraban convencidos de que esos activistas constituyen efectivamente un nuevo grupo y "altamente peligroso". La terminología empleada y las características de sus acciones hacen temer a estos dirigentes nacionalistas que este nuevo grupo, que juega a camuflarse con nombres y siglas de ocasión, está decidido a provocar la máxima desestabilización.

Otra cosa es que, como viene ocurriendo a lo largo de estos años, haya una interconexión y complicidad esporádica entre los terroristas corsos y los medios locales del hampa. Guy Benhamou, experto del diario Liberation de la cuestión corsa, indicaba ayer que entre los delincuentes y los nacionalistas clandestinos no hay compartimentos estancos. "Unos y otros se conocen, se relacionan y se juntan a veces para un atentado o para un atraco". "Se alían con los cargos electos sirviéndose de las amenazas", sostenía Guy Benhamou, víctima él mismo de un atentado terrorista.

Marcel Lorenzoni, presunto fundador del enigmático grupo Sampieru, detenido el lunes junto a otros 10 sospechosos -ayer fueron detenidas tres personas más-, trabajaba al servicio del presidente del Consejo General de la Alta Córcega, el todopoderoso Paul Natali, en la tarea de distribución de las cuantiosas subvenciones y fondos agrarios destinados a la isla. Precisamente ayer un antiguo comisario comunitario francés afirmó públicamente que hace dos años descubrió en Córcega que no existía control administrativo alguno de los fondos y subvenciones agrarios de la comunidad.