El Tribunal de Cuentas investiga a la Diputación de Guadalajara
Las cuentas de la Diputación de Guadalajara, en las que se ha detectado la presunta ocultación de un déficit de 3.500 millones de pesetas, están siendo investigadas también por el Tribunal de Cuentas. La iniciativa de este organismo fiscalizador se adoptó el pasado sábado tras conocerse el escrito de María Ángeles García, fiscal jefe de esa provincia, en el que acusa a Francisco Tomey, senador del PP y presidente de esa diputación, y a un interventor de un presunto delito de falsedad en documento oficial.
Andrés Fernández Díaz, consejero responsable del área de Corporaciones Locales, confirmó ayer que ha solicitado a la dirección de su departamento las cuentas de la Diputación Provincial de Guadalajara por "una cuestión de sensibilidad y por razones obvias". "Tengo la obligación de saber lo que pasa y en estos momentos están sobre mi mesa las cuentas de esa corporación hasta el año 1996. Cuentas que nos habían sido presentadas año tras año".Asimismo, ha pedido al fiscal jefe, Enrique Abad, adscrito al Tribunal, que le mantenga informado de cuanto se conozca de este asunto por la vía judicial para tomar las decisiones oportunas.
No es fiscafización
El consejero del Tribunal de Cuentas, ex decano de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, puntualiza que su investigación actual sobre la Diputación Provincial de Guadalajara no es una fiscalización.A la vista de las cuentas, este organismo solicitará documentación complementaria y, sólo en el caso de detectar presuntas irregularidades contables, Andrés Fernández Díaz propondrá al pleno la apertura de una fiscalización especial que podría durar meses de trabajo.
Su propuesta en el supuesto de que llegue a producirse deberá votarse entre todos los consejeros del Tribunal de Cuentas y remitirse posteriormente al Parlamento.
Andrés Fernández explica así el momento en que se encuentra su investigación: "No hemos tenido tiempo todavía de llegar a ninguna conclusión. Estamos analizando las cuentas. Pero con absoluto respeto a la vía judicial, que ya está en marcha, nosotros también podemos comprobar si hay o no hay deuda ficticia en la Diputación de Guadalajara. De momento, lo único claro es que esa corporación había rendido sus cuentas siempre al Tribunal de Cuentas, tal como es su obligación. Y eso es positivo. Cuando no se envían las cuentas es cuando solemos ordenar una fiscalización especial y éste no ha sido el caso", comentó ayer.
El responsable del área de Corporaciones Locales augura que, si al final se trata de un problema técnico contable la fiscalía, lo remitirá al Tribunal de Cuentas para que sean sus expertos quienes lo investiguen. "Si no lo han hecho es que todavía no lo tienen claro". apostilla. Si por el contrario se trata de un tema penal, como esgrime la fiscal jefe de Guadalajara, el caso continuará siendo investigado por la vía judicial.
Según la fiscal, la investigación se centra en la presunta ocultación "mediante apuntes contables mendaces, de unos 3.500 millones de pesetas, y en la concertación de operaciones de Tesorería por importe de más de 7.000 millones sin contar los correspondientes intereses".
Siempre en opinión de María Angeles García, "se ha comprobado la veracidad de la denuncia en cuanto a que efectivamente se han incorporado a la liquidación de los presupuestos, como pendientes de cobro, créditos inexistentes o ficticios".
El Tribunal Supremo deberá decidir si de estas diligencias se desprende contenido penal dada la condición de aforado del senador del Partido Popular Francisco Tomey. Éste ha negado cualquier responsabilidad en el hechos.
Hospitalizado
José Villalgordo Rodríguez, interventor de la Diputación Provincial, al que se la ha imputado el mismo delito que al presidente del organismo, se encuentra hospitalizado desde el pasado mes de enero en una clínica madrileña.Según fuentes próximas a su familia de Villagordo, su estado es grave y ha sufrido un proceso de mayor agravamiento "por el disgusto" que le ha causado la investigación judicial.
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