El plan de Ardanza

LA PROPUESTA que ha planteado el lehendakari Ardanza para actualizar el Pacto de Ajuria Enea con vistas a una salida dialogada al problema de la violencia no es una mera reedición de viejas y desacreditadas ofertas de negociación con ETA. En el texto se percibe la voluntad de no incurrir en errores que otras veces convirtieron los gestos de buena voluntad de los demócratas en incitaciones para la prolongación de la escalada terrorista. Ese esfuerzo bastaría para que la propuesta sea discutida lealmente, sin despacharla a la ligera. Pero esa misma lealtad exige señalar los aspectos discutibles del planteamiento.La fórmula consiste esencialmente en ofrecer a ETA, a cambio de su renuncia a la violencia, el compromiso de que el Estado asumirá como propios los acuerdos que salgan de un diálogo entre todas las fuerzas vascas, incluida Herri Batasuna (HB). El planteamiento se refiere, obviamente, a acuerdos que cuestionen el actual marco institucional. Es evidente la voluntad de buscar una concesión que esté en línea -aunque no coincida en la formulación- con la exigencia de soberanía planteada por ETA en sus sucesivas alternativas. La propuesta de Ardanza se diferencia de otras anteriores, sin embargo, en el rechazo de cualquier negociación previa entre ETA y el Gobierno, como exigen los terroristas, y en el requerimiento a HB de que obtenga de sus amigos de ETA una tregua indefinida como condición previa para ser admitida en las conversaciones multipartidistas.

Ambas cosas suponen una garantía contra el riesgo de que ETA pueda interpretar -como suele- este plan como una vía para obtener legitimidad política a la violencia y obtener así, torciendo el brazo a la mayoría, objetivos inalcanzables sin atentados. El esquema es claramente deudor de la fórmula irlandesa. Esa inspiración era ya visible en el documento del PNV sobre pacificación aprobado hace un año. Se hablaba entonces de una "reformulación" del Pacto de Ajuria Enea que pueda "propiciar en el futuro su ampliación". Es decir, la admisión de HB. Ahora se concreta esa reformulación en un doble planteamiento: no habrá condiciones previas, como quiere ETA, pero tampoco límites sobre el contenido de los acuerdos.

Pese a la pretensión de simetría, la fórmula es equívoca: la condición previa que plantea ETA es precisamente el compromiso de que el Estado aceptará la autodeterminación, sin límites institucionales; es decir, al margen de la existencia de la Constitución y el Estatuto como marco esencial de convivencia. En realidad, pues, se está aceptando la principal exigencia de ETA. La cuestión es si tal cosa es democrática.

La modificación del actual marco no es una exigencia de la mayoría de los vascos, sino de ETA. Resulta discutible que la mayoría tenga que aceptar, para que ETA deje de matar, ir a donde no desea ir y cambiar lo que no desea cambiar. Puede objetarse que ya no se trata de lo que imponga ETA en una negociación con el Estado, sino de un acuerdo entre todas las fuerzas vascas, por lo que no habrá imposición de la minoría sobre la mayoría. Pero puede haberla de una mayoría nacionalista coyuntural sobre el resto de la población. Al exigirse el compromiso de aceptar lo que se decida antes de saberse qué se va a decidir, ¿se está diciendo que van a proponerse fórmulas inaceptables para esa mitad de la población que no se considera nacionalista?

Cuestionar el consenso existente en torno al Estatuto, avalado por más de veinte procesos electorales, en aras de satisfacer a ETA y bajo la presión objetiva que supone la cadena de asesinatos de concejales resulta dudosamente democrático. Hay motivos, por tanto, para afinar la propuesta antes de dar pasos que el mundo de ETA pueda interpretar como la prueba de que a su ofensiva se responde con nuevas ofertas de diálogo.