Errores políticos en el poblado de Valdemingómez

El experto europeo Dominique Rosenberg considera que "en la génesis y en la gestión del caso Cañada Real se han cometido errores políticos". En sus conversaciones con los principales dirigentes municipales se encontró con una excusa: el asunto del real ojo de los chabolistas del poblado de Valdemingómez se había desorbitado y sacado de la esfera local por intereses políticos. Rosenberg replica: "Los responsables políticos tienen que asumir sus decisiones sin utilizar el argumento de la politización. No hay obstáculos insuperables siempre que haya voluntad política para encontrar una solución".Rosenberg recuerda que, durante estos cuatro años de vida del poblado de Cañada Real, han sido numerosas las declaraciones políticas, incluso de los propios gobernantes del PP, favorables a una solución inmediata para el realojo de las familias. A este respecto señala las manifestaciones de la consejera de Sanidad, Rosa Posada, quien aseguró que las condiciones de vida eran "infrahumanas" y había que desmantelar el poblado "urgentemente".

"La gestión de la capital de un estado, como es Madrid, no tiene solamente dimensión nacional sino que es también un escaparate exterior", apunta el experto europeo. "Esto implica", continúa, "que a través de Cañada Real toda la comunidad gitana podría considerarse discriminada".

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, José Ignacio Echeverría (PP) aseguró, tras la visita de Rosenberg a Cañada Real, que el experto europeo se "mostró muy satisfecho con el esfuerzo que hacía España en general, y Madrid, en particular, con las capas más marginales". Echeverría aseguró en mayo de 1997, dos meses después de la visita del Consejo de Europa, que los chabolistas de Cañada Real serían realojados en una finca de Vicálvaro. Aún no ha cumplido.

Rosenberg, en su crítico informe sobre la situación del poblado chabolista de Cañada Real, concluyó: "Lo que importa es no perder el tiempo en argucias jurídicas o en estériles controversias políticas y reconocer que la población de Cañada Real tiene el derecho de vivir en condiciones decentes".