El Consejo de Europa ve intolerable la situación de las familias de Cañada Real

Tras su análisis de la situación sanitaria y educativa de las familias residentes en las casetas de madera situadas junto al vertedero, Rosenberg señala: "Parece incontestable que en el caso de Cañada Real se vulneran derechos fundamentales de la persona, como son el derecho a la libre residencia [a las familias chabolistas se les impuso el realojo en ese lugar], el desecho al desarrollo de la familia, a la educación, a la salud, al medio ambiente y al alojamiento".Rosenberg recuerda en su informe que los dirigentes municipales -concretamente, el entonces concejal de Urbanismo, José Ignacio Echeverría- le explicaron que habían propuesto en noviembre de 1994 un realojo digno en viviendas situadas junto a la carretera de Extremadura a los chabolistas de Cañada Real, pero éstos se negaron. Echeverría aportó como prueba de este hecho un acuerdo escrito con los chabolistas. Rosenberg interpreta así estos hechos: "No estoy convencido de que eso quiera decir que las familias hayan aceptado seguir con sus condiciones de vida en Valdemingómez". "Después de una expulsión traumática [del camino de los Toros, su anterior barrio]", teoriza el experto europeo, "no deseaban renovar la experiencia [con un nuevo traslado], y pueden pensar que lo peor está siempre por venir. El acuerdo de noviembre tiene su lógica y no puede ser interpretado como válido".

Todos estos factores, unidos, conducen a Rosenberg a solicitar la adopción de medidas urgentes para realojar a las familias de Cañada Real. "Su situación material y moral lo exige, ya que viola manifiestamente los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles". El experto propone en sus conclusiones finales dos medidas:

- Que el Ayuntamiento fije un calendario concreto para el realojo y el método de financiación para llevarlo a cabo. Rosenberg recuerda que, en sus conversaciones con los dirigentes de la Administración central, éstos le aseguraron que estaban dispuestos a costear una parte de la operación si el Ayuntamiento de Madrid se lo pedía. También sugiere Rosenberg a los dirigentes municipales que pidan subvención al fondo de desarrollo social del Consejo de Europa.

- Si el Ayuntamiento no se decide por la primera opción, el experto europeo aconseja crear una comisión de mediación, que estaría presidida por "una personalidad independiente y reconocida por su imparcialidad y competencia, nombrada por el Gobierno español", para resolver el problema.