Perote acusa a González, Serra y Barrionuevo en el 'caso Lasa-Zabala'

El coronel Juan Alberto Perote y su abogado Jesús Santaella decidieron remover el caso Lasa-Zabala, en el que el primero figura como imputado, dos días antes de que se vea en el Tribunal Supremo el recurso de casación por el caso Argentia, en el que Mario Conde fue condenado a seis años de prisión. Santaella, en representación de Conde y Perote, intentó chantajear al Gobierno socialista en 1995 con los papeles sobre el caso GAL robados del Cesid por el segundo.

El letrado presentó un escrito de 30 folios al juez Javier Gómez de Liaño en el que le pide que suspenda el procedimiento y se inhiba en favor del Tribunal Supremo, por entender que existen indicios de criminalidad contra el ex presidente del Gobierno Felipe González y los ex ministros José Barrionuevo y Narcís Serra en el caso en el que se investiga el secuestro, torturas y asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Al mismo tiempo, Santaella reclama que en la exposición motivada que se eleve al alto tribunal se inste al inicio de los trámites de suplicatorio por el artículo 102 de la Constitución.

Este precepto del la Carta Magna precisa que si la acusación contra el presidente o alguno de los restantes miembros del Gobierno lo es por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, la exigencia de responsabilidad criminal sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Los delitos de terrorismo figuraban en el anterior Código Penal dentro del capítulo relativo a los delitos contra la seguridad del Estado.

No hay datos nuevos

Lo que ya no queda claro es cómo derivan Perote y Santaella la responsabilidad de González, Barrionuevo y Serra en el secuestro y muerte de Lasa y Zabala. Argumentan que al menos Barrionuevo conocía la operación, aunque personas que han visto el escrito señalan que no existen datos nuevos que incriminen al ex ministro socialista y que todo está basado en los documentos incautados en la celda de Perote, el llamado acta fundacional de los GAL y la nota de despacho en la que se anunciaban acciones inminentes en el sur de Francia y en la que el ex director del Cesid, el general Emilio Alonso Manglano, estampó de su puño y letra la expresión "Pte para el viernes".El juez Gómez de Liaño ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre el fondo de la cuestión en un plazo de siete días. Aunque la mayoría de los letrados personados en la causa han señalado que todavía no han recibido el escrito y que habrá que estudiarlo, el abogado Ángel López Montero, defensor del cabo Felipe Bayo -procesado como autor material de los asesinatos-, ya ha anunciado que se adherirá a la petición de Santaella.