El 'informe Ardanza' exige un alto el fuego definitivo de ETA para dialogar con HB

El inicio de una vía dialogada -la "segunda fase" del Pacto de Ajuria Enea- para pacificar el País Vasco sólo será posible tras un cese indefinido de atentados por parte de ETA, y no sólo de una tregua parcial. Unicamente entonces comenzaría el diálogo de los partidos del bloque democrático con representantes de Herri Batasuna, y, nunca con miembros de la banda armada. Estas son las principales premisas expuestas por el lehendakari José Antonio Ardanza en la propuesta que ha presentado a los partidos vascos con la pretensión de que éstos aporten sus sugerencias ante una eventual cese de la violencia. Ardanza lamenta que en ocasiones anteriores fue ETA quien tomó la iniciativa dejando descolocado al bloque democrático.

Con esta propuesta, entregada al jefe del Ejecutivo, José María Aznar, el 17 de enero, el lehendakari acota el significado del punto 10 del Pacto de Ajuria Enea, sobre las condiciones para un final dialogado del terrorismo, genéricas en su formulación. Ardanza cierra con ello la posibilidad de que se reproduzcan conversaciones como las de Argel, de 1989, en las que se sentaron en una misma mesa una representación del Gobierno y una de ETA. El jueves, Ardanza abordará esta propuesta con el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, y antes de fin de mes lo hará con Aznar.Ardanza ha realizado en los últimos meses una profunda reflexión sobre la experiencia de los diez años de vigencia del Pacto de Ajuria Enea. Su propuesta la recoge un documento de doce folios que está en La Moncloa desde hace tres semanas. Es también su testamento político como árbitro del Pacto. Deja la presidencia del Gobierno vasco en octubre.

El lehendakari pretende también un doble objetivo: salvar la crisis del Pacto de Ajuria y preparar al bloque democrático ante una eventual petición de tregua a ETA por parte de la nueva Mesa Nacional de HB, que se constituirá el próximo sábado.

Uno de los aspectos fundamentales de su texto consiste en el establecimiento de las condiciones que el bloque democrático impone a ETA sobre la salida a la violencia. Ardanza se ha inspirado en su propia experiencia, las dos treguas que ETA fijó en enero de 1989 y en junio de 1996, especialmente esta última, y en experiencias ajenas, como las condiciones que estableció el ex primer ministro británico John Major al IRA para conseguir su alto el fuego.

La conclusión de Ardanza es que ha sido ETA, en las dos ocasiones en que se ha planteado un diálogo, quien ha tomado la iniciativa. Sucedió en 1989, con las conversaciones de Argel, posteriormente fallidas, y en junio de 1996. Ardanza concede especial importancia a lo sucedido a escasos dos meses de iniciar la andadura el Gobierno del PP.

En junio de 1996, los partidos democráticos mantuvieron actitudes contradictorias. ETA planteó una tregua de siete días a cambio de que el Gobierno agrupara a todos sus presos en cárceles de Euskadi. Mientras, desde La Moncloa, bisoña en estas lides, se rechazaba la propuesta por su limitadísimo plazo, el Pacto de Ajuria Enea era más cauto y optaba por devolver la pelota a la banda solicitándole un plazo mayor -debía ser "indefinido"- para abrir un diálogo. Le exigieron también que fuera plural, con la participación de todos los partidos democráticos, y la libertad del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, entonces secuestrado.

El ministro del Interior, Jaime Mayor, mantuvo una actitud prudente, en línea con el Pacto, lo que terminó descolocando a ETA, incapaz de responder a la contrapropuesta de los partidos vascos. Ello permitió desbaratar lo que no era sino una maniobra de la banda.

El otro antecedente es de enero de 1989. ETA. lanzó una oferta de tregua de quince días, a condición de abrir un diálogo con el Gobierno, entonces presidido por Felipe González. El Ejecutivo aceptó y ETA prolongó la tregua tres meses. Se iniciaron conversaciones en Argel entre una representación del Gobierno y otra de ETA. Pero se estancaron al acercarse el diálogo político. ETA, a los tres meses, rompió su tregua.

Ardanza ha sacado de estas dos experiencias la conclusión de que la iniciativa la tomó ETA y cogió descolocados a los partidos democráticos. También que, en ambos casos, se trataron de maniobras tácticas y no de una voluntad real de la banda armada para dialogar sobre el fin de la violencia. "Todas las treguas de ETA han tenido interés táctico". "Se trata de que ETA no maneje los tiempos a su gusto". "No podemos estar a merced de los tiempos que fije ETA". Son expresiones del documento del lehendakari.

Diálogo sin chantajes

Por tanto, Ardanza establece ahora unas reglas de juego, que quiere que sean asumidas por todos los partidos y luego sean públicas, para que ETA sepa a qué atenerse. Su base es que el bloque democrático aceptaría sólo un cese ilimitado de la violencia porque un proceso de diálogo no puede estar sometido a la presión de los plazos. "La tregua parcial se convierte en un instrumento de chantaje para ETA, que amenazaría en la mesa con la ruptura si la conversación no marchara a su gusto", dicen las fuentes consultadas."A estas alturas no sería suficiente una tregua limitada en el tiempo", dice el documento. Este pasaje también cuenta con la influencia de la propuesta de "cese permanente" de la violencia que Major hizo al IRA. El IRA respondió con un "cese cornpleto".

La otra condición que propone Ardanza es que ETA no sea la interlocutora de las conversaciones con el bloque democrático, sino un partido, con apoyo en votos, como es Herri Batasuna. "A estas alturas del proceso, una solución política dialogada a la violencia, a través de un diálogo bilateral entre un Gobierno democrático y una organización terrorista, no sólo sería de dudosa legitimidad democrática sino inviable", dice el documento.

Aquí cuenta el fracaso de la experiencia de Argel. Ardanza cree "inviable" la repetición de aquel modelo por la presión de los partidos democráticos y las fuerzas sociales, que no tolerarían un diálogo con los terroristas. Y de "dudosa legitimidad" porque el propio punto 10 del Pacto señala que "las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los legítimos representantes de la voluntad popular".