Una sentencia que traera "kola"

Esperanza Linares confiesa que se llevó una alegría al conocer la sentencia que absuelve a los dos primeros okupas juzgados en Madrid con el Código Penal vigente, que castiga con cárcel a quien usurpe un inmueble ajeno. Ella no es okupa ni pertenece a ninguna asociación vinculada a ese movimiento. Se trata de la responsable del programa de los sintecho en Cáritas Española, y desde ese puesto está sensibilizada por la existencia de 1.350.000 viviendas vacías en toda España cuando, según sus datos, 273.000 personas se encuentran sin hogar."Me parece muy positiva una sentencia como ésta en la que se introducen matices a algo hasta ahora intocable como la propiedad privada", asegura. Cáritas, en sus recomendaciones para paliar los problemas de las personas sin hogar, propone que se tomen medidas, por ejemplo fiscales, para poner en uso el parque de pisos inutilizados.

Para Linares esta resolución de la titular del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid, Carmen Neira, que antepone el derecho a una vivienda frente al derecho a la propiedad en un inmueble abandonado, es "un paso adelante".

Felipe, un okupa catalán, cree que "con esta sentencia puede pasar como con la insumisión, que ahora los jueces se lo piensan mucho a la hora de dictar una sentencia inculpatoria. Esto puede hacer que lleguemos a ese estadio", informa M. Torres. Miguel, por su parte, se muestra más pesimista: "No cambia nada, porque el hecho de que sea penado es lo injusto. La responsabilidad es política, del Congreso. Nuestra lucha no es que se nos absuelva sino que la ocupación no sea delito. No puede quedar la cosa en que todo dependa del juez que toque". Casi lo mismo opina Tere: "Todo queda igual. Sólo demuestra que hay jueces con un poco más de cabeza".

En Madrid, Reme, miembro de la Asamblea de Okupas, está satisfecha con la sentencia conocida ayer. Pero también cree que la absolución de sus compañeros no resuelve los problemas de fondo por los que lucha: "El problema del precio de la vivienda sigue estando ahí pendiente, lo que habrá que buscar son soluciones sociales"!

El responsable de vivienda del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Antonio Ruiz Castillo, no entra a evaluar la sentencia pero destaca la resolución judicial como un indicio de que el movimiento okupa ha dejado de ser "un asunto de cuatro locos" para convertirse en "un problema civil que afecta a todos".

El portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados, Andrés Ollero, reconoce que la sentencia le ha suscitado más interés como profesor universitario que como político por la ponderación que establece entre dos derechos como el de la vivienda y el de la propiedad". Pero no cree que haya que plantearse despenalizar la okupación: "de hecho esta sentencia absolutoria ha sido posible existiendo esa penalización.

Manuel Lombao, responsable de comunicación de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH), resalta que esta sentencia "llama la atención sobre el problema social que sufren los jóvenes en este país con la tasa más alta de paro de toda Europa y una fuerte carestía de la vivienda", concluye.

El Partido Democrático de la Nueva Izquierda presentó el pasado jueves una proposición de ley para solicitar que se despenalice la okupación. "En una sociedad donde el acceso a una vivienda digna ha dejado de ser un derecho para convertirse en una aspiración, en muchos casos ilusoria, las conductas de quienes ocupan pacíficamente un inmueble, han pasado a recibir (en el actual Código) un tratamiento penal que no se corresponde con el reproche que la sociedad dirige a estas acciones" explican.

También Jueces para la Democracia e Izquierda Unida, varios de cuyos diputados regionales de Madrid están autoinculpados como okupas en un proceso de desalojo, se han manifestado a favor de la despenalización. La juez Neira sostiene en su veredicto que no todas las ocupaciones de viviendas ajenas merecen la intervención de la justicia penal y que en el caso de Serafina V., de 28 años, y Alejandro B., de 20, no hay delito porque accedieron a la finca de la calle de La Pasa, 6, en el corazón de Madrid, "sin violencia" y en la convicción de que estaba abandonada" ya que, entre otras cosas, carecía de agua y luz.

El dueño, Fernando N., adujo en el juicio que el inmueble no estaba abandonado sino a la espera de una licencia municipal para hacer obras. El fiscal pedía para los acusados una multa de 120.000 pesetas o, en caso de impago, dos meses de cárcel.

Serafina se encuentra ahora fuera de Madrid. Alejandro, Alex, vive ahora en otro edificio okupado, El Laboratorio, una antigua sede del Ministerio de Agricultura en el barrio de Lavapiés que es, hoy por hoy, el local okupa más grande (10.000 metros) de Madrid.