Patetismo Fiscal

NINGUNA PERSONA con responsabilidad pública se atrevería hoy en España a justificar abiertamente un golpe militar: hay demasiada sensibilidad sobre la cuestión. Si alguien quisiera hacerlo, no diría que los militares tienen derecho y obligación de liquidar a los disidentes, sino algo así como que la imposibilidad de mantener el orden público mediante mecanismos normales obliga a las Fuerzas Armadas a suspender temporalmente el orden constitucional. Es decir, un argumento similar al que utilizó el fiscal Eduardo Fungairiño en su famoso informe sobre la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar los delitos de los militares argentinos y chilenos durante la dictadura. De ahí que se activaran todas las alarmas cuando se conocieron los razonamientos del fiscal jefe de la Audiencia Nacional y su convalidación posterior por parte del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Eso explica que las críticas políticas no se hayan atemperado con el paso de los días y que el socio parlamentario del Gobierno, Convergéncia i Unió, haya presionado con éxito para que Cardenal rechazara públicamente tales argumentos en el Congreso de los Diputados.Puede discutirse si España tiene o no jurisdicción sobre esos crímenes, pero no con los mismos argumentos que compartirían nuestros propios golpistas, Tejero o Milans del Bosch. Eso es lo que pedían las formaciones políticas que urgieron la comparecencia parlamentaria del fiscal general. Sobre todo, que no se establezcan paralelismos ofensivos entre el golpismo criminal de Pinochet, Videla y sus conmilitones y las previsiones de la Constitución Española sobre estados de excepción o sitio como hizo Cardenal cuando salió en defensa de su subordinado. El fiscal general repitió ayer que la frase de Fungairiño "pudo no ser afortunada", pero consideró fuera de lugar deducir de ella un apoyo al golpismo, y expresó en tono solemne y en términos inequívocos su condena de los regímenes dictatoriales. Quiso unir su suerte a la de Fungairiño afirmando que "si hubo error, ya ha sido rectificado".

Teniendo en cuenta que el asunto lleva dos meses sobre la mesa, ¿no habría sido más sencillo que Fungairiño hubiera reconocido desde el primer momento que existía una clara contradicción entre su rechazo de las dictaduras militares en general y el argumento que empleó para negar que sus crímenes puedan equipararse al delito de terrorismo? El fiscal general pudo haber favorecido esa rectificación, pero hizo lo contrario con un escrito en el que relativizaba el error de su subordinado. En el mejor de los casos, ha habido una torpeza manifiesta. Pero resulta difícil sustraerse a la peor de las hipótesis: que Cardenal acudió al Congreso obligado por sus jefes políticos. Esto es, que su rectificación parece forzada e insincera.

Después del error inicial cualquier solución de compromiso resulta poco adecuada e insuficiente para borrar el impacto inicial. No es posible medir objetivamente la sinceridad de una corrección política de esta naturaleza; por tanto, la marcha atrás era imposible. También porque la exculpación de los regímenes dictatoriales no estaba solamente en unas frases escogidas, sino en el conjunto de la argumentación, en la posibilidad de concebir una dictadura correctora a la que es posible renunciar cuando y como se quiera. El surrealista desenlace del debate de ayer, con Cardenal perdiendo los papeles y los nervios frente al ex ministro Belloch, y teniendo luego que pedir perdón en términos patéticos, demuestra que el error no es cosa de un párrafo de más o de menos. El error fue su nombramiento. Y mantenerlo en el cargo puede convertirse en una provocación.