Todavía el aborto

EL INDULTO otorgado por el Gobierno a dos médicos que habían sido condenados a dos años de cárcel por practicar un aborto a una mujer que había quedado embarazada, pese a llevar un DIU, en proceso de separación matrimonial, revela que la interrupción voluntaria del embarazo en España es todavía un camino lleno de dificuItades y sinsabores. El aborto sancionado se había producido en 1990; durante los ocho años que ha durado la azarosa tramitación judicial, los médicos y también la mujer intervenida -cuya condena fue conmutada por el Tribunal Supremo- han vivido en permanente incertidumbre. La espera se hizo angustiosa cuando, en mayo pasado, llegó una orden de ingreso en prisión. No se ejecutó, pero el indulto ha tardado aún ocho meses en producirse.Está bien que el Ejecutivo del PP haya optado por una política de sensatez, siguiendo la estela del Gobierno anterior. Pero hay que decir también que se trata de un indulto tardío y cicatero, en el que se conmuta la pena de cárcel por una multa de 300.000 pesetas para que quede claro que el Gobierno es generoso, pero reprueba su actitud. El indulto llega después de un enorme esfuerzo de solidaridad: han tenido que pedirlo nada menos que el Tribunal Supremo, el Congreso de los Diputados, tres Parlamentos autónomos, Jueces para la Democracia y, una larga lista de entidades feministas y sociales. ¿Será necesario semejante despliegue cada vez que un marido o un novio despechado decida hacer una denuncia, aprovechando una legislación imprecisa e insuficiente, incapaz de reflejar la realidad social del aborto en España?

En España se realizan cien mil abortos anuales. La inmensa mayoría podría dar lugar a una demanda judicial, puesto que se basan en criterios profesionales y personales siempre discutibles. La medicina no es una ciencia exacta. Con la normativa actual, cualquier mujer que decida abortar estará al albur del criterio de un médico, y ambos, la mujer y el profesional, a la suerte de un tercero, que puede ser el marido o una asociación antiabortista, y, en, último término, al criterio de los jueces. Demasiadas instancias para una decisión subjetiva. Esta situación inestable puede traducirse en indefensión, incertidumbre y sufrimiento. Mientras siga vigente una normativa de supuesto y no se apruebe una ley de plazos que conceda a la mujer la capacidad de decidir sin tutelas, continuará la inseguridad jurídica.