Inspección general

EL ESCÁNDALO de las gasolineras del grupo Villanueva -el primer grupo empresarial de estaciones de servicio, con más de 50 en toda España- se ha extendido ya fehacientemente a una segunda comunidad: las irregularidades verificadas en Madrid (cinco estaciones precintadas) se repiten en Toledo y Albacete (diez gasolineras cerradas ya). No parece aventurada, pues, la sospecha de que el supuesto fraude se ha producido en una generalidad de estaciones de servicio de la familia Villanueva y sus socios, que abarcan otras zonas del territorio español, como Murcia, Castellón o Burgos, donde se imponen con urgencia inspecciones oficiales.A remolque de los casos denunciados por este diario y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las inspecciones eficaces de la Administración madrileña llegaron ciertamente con retraso; y más aún las de Castilla-La Mancha. Pero al menos ambas han puesto ya en claro que estamos ante un caso que deberá investigar hasta sus últimas consecuencias la Audiencia Nacional, para averiguar qué utilidad tenían los cableados iegales y los interruptores ocultos que los remataban.

Por eso llama la atención la aparente calma que se desprende del resto de las regiones donde se enclavan gasolineras de los Villanueva. No se entiende que las administraciones concernidas no se hayan puesto manos a la obra, y si lo han hecho, que guarden reserva sobre los resultados, aunque sean provisionales, de sus comprobaciones. Las propias compañías productoras que prestan sus rótulos a estas gasolineras deberían impulsar estas inspecciones y fomentar los sistemas de controles por sorpresa de todos los surtidores.

El alcance económico de este presunto fraude gigantesco -el grupo Villanueva factura más de 50.000 millones al año, y las supuestas desviaciones de los contadores han llegado en algunos casos al 7%- así como su antigüedad -se calcula, que data de hace 10 o 15 años- contrasta con las benévolas sanciones que prevé el nuevo Código Penal, pensado probablemente en este terreno para los pequeños comerciantes y no para poderosos grupos empresariales. En efecto, cada gasolinera donde se hubiera cometido delito contra los consumidores podría verse sancionada con una multa de 27 millones de pesetas, una ínfima cantidad de lo estafado; y a sus responsables, con un año de prisión, que no se cumple si no hay antecedentes penales.

Por tanto, la primera consecuencia política de los engaños en los surtidores ha de conducir en primer lugar a la mejora de los sistemas de inspección oficiales, para que no se puedan burlar tan fácilmente con aparatos electrónicos bastante elementales. Y después, a estudiar una posible modificación de las penas previstas para este delito, de modo que una mayor dureza responda adecuadamente al enfado social que ha suscitado, este caso y a la prevención de nuevos intentos que se basaran en lo barato que resulta el eventual castigo.