El Tribunal de Cuentas destapa la irregular privatización de la funeraria

La venta del 49% de la funeraria municipal a la empresa Funespaña, acordada por el equipo de gobierno del Partido Popular tras un concurso público convocado en 1992, estuvo plagada de irregularidades, según establece en sus conclusiones el informe definitivo del Tribunal de Cuentas, aprobado el pasado miércoles.Pese a estas conclusiones, los auditores públicos no han encontrado ningún perjuicio económico para el Ayuntamiento en la privatización de la funeraria ni han descubierto responsabilidades administrativas en el proceso. El Tribunal de Cuentas ha dejado en blanco el capítulo de las recomendaciones.

El 49% de la funeraria municipal fue vendido a Funespaña, una de las tres empresas que se presentaron al concurso, por 200 millones de pesetas, "un 86% menos que el precio de licitación" fijado por el Ayuntamiento en el concurso, según aclaran los auditores.

La funeraria tuvo sus cuentas saneadas hasta finales de los ochenta. Cuando el PP decidió abrir el proceso de privatización, en 1992, la quiebra amenazaba a la empresa. La funeraria había cerrado sus últimos ejercicios con pérdidas y arrastraba una deuda con el Ayuntamiento de 2.275 millones de pesetas, correspondiente al pago del personal municipal cedido por el Consistorio.

Unos meses después de que el PP adjudicara el 49% de la empresa municipal a la sociedad privada Funespaña, el pleno del Ayuntamiento perdonó a la funeraria los 2.275 millones. Lo hizo porque las tres empresas que se presentaron al concurso exigieron la condonación de dicha deuda.

El Tribunal de Cuentas considera que el perdón municipal favoreció a los privados que habían adquirido el 49% de las acciones. De hecho, ya en 1992, el interventor municipal firmó un informe desfavorable a la adjudicación de ese 49% de la funeraria a Funespaña.

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, intentó a última hora remediar esta conclusión negativa del Tribunal de Cuentas y remitió una carta a los auditores públicos aclarando que los 2.274 millones de pesetas "serían exigibles por el Ayuntamiento".

La misiva del regidor no consiguió el objetivo deseado, porque llegó el 11 de noviembre de 1. 997, cuando ya estaba vencido el plazo del periodo de alegaciones. "Hasta el momento de redactar este informe no se han tomado los acuerdos oportunos", escribieron los auditores públicos.

Pero hubo más irregularidades. El Tribunal de Cuentas considera que la oferta ganadora presentaba contradicciones y falta de concreción, especialmente la proposición económica, que, señalando un precio de 58 millones de pesetas, sólo se concretó en la aportación de 200 millones". También critica el tribunal varios aspectos del concurso de adjudicación del 49% de la funeraria a Funespaña (definición imprecisa del objeto del contrato y ausencia de criterios explícitos de selección) "que impidieron valorar cuál de las ofertas era la más ventajosa".

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Respeto a la legalidad