El PP reafirma que su colecta es legal y no la cerrará hasta que todos sus cargos estén protegidos

La dirección del Partido Popular no cerrará la cuenta bancaria abierta el lunes en una sucursal madrileña de Argentaria para sufragar la millonaria inversión en escoltas privados para sus cargos en Euskadi porque está convencida de su legalidad, y se ampara para ello en el informe que previamente reclamó al departamento de partidos políticos del Tribunal de Cuentas. El PSOE ha pedido al Congreso ese informe, ya que tiene dudas sobre la legalidad de esa cuenta; sin embargo, desde el PP se advertía ayer que no cancelará la colecta, pese a que algunos de sus propios dirigentes la consideran un error, mientras las fuerzas de seguridad públicas no proporcionen la protección debida a todos sus cargos en Euskadi, y no sólo a los de Guipúzcoa.

La cuenta bancaria para pagar los escoltas privados del PP en Euskadi seguirá abierta... por el momento. El PP no ha querido facilitar hasta ahora ningún dato sobre la repercusión que esta polémica idea ha recabado entre sus simpatizantes y organizaciones territoriales pero sí se avanza que la primera respuesta ha sido *buena. No se comunica, "por razones de seguridad", ni la cuantía recaudada ni el número de aportaciones recibidas.El PP tampoco revela, por ahora, el contenido literal del informe "escrito y oficial" solicitado por sus "servicios jurídicos al departamento de partidos políticos del Tribunal de Cuentas, que no personalmente al presidente de ese organismo". La firma del presidente del tribunal, Ubaldo Nieto, elegido recientemente para este cargo a propuesta del Gobierno y del PP, es la que aparece en la respuesta.

"Transparencia"

El PP tomó la precaución de pedir consejo al Tribunal de Cuentas para asegurar "la transparencia" y la legalidad de esta medida. El informe demandado se recibió la semana pasada y, según el PP, en el mismo el tribunal especifica que la cuenta "finalista" -aportaciones para un destino determinado- que han abierto los populares no vulnera el apartado de la ley de financiación de partidos, pese a que sí prohíbe las "aportaciones finalistas". El argumento que esgrime el PP es que la ley no permite efectivamente contribuciones "vinculadas como finalistas por los propios donantes o simpatizantes, pero sí las autoriza si esa decisión la toma el partido". Entre los miembros del Tribunal de Cuentas hay discrepancias.La dirección nacional del PP ha elaborado, y enviado ya a sus estructuras territoriales, un documento en el que explica estas cuestiones y profundiza en los argumentos legales consultados al Tribunal de Cuentas. Estos argumentarios sobre propuestas polémicas del Gobierno son habituales en el PP.

En el PP son conscientes, sin embargo, de que esta solución extrema adoptada para protegera sus amenazados cargos en Euskadi puede ser incomprendida. Algunos dirigentes empiezan a admitir, aún anónimamente, que la cuenta es un error "porque transmite una sensación de indefensión" y porque resalta la ideade cierto privilegio en cuestiones de seguridad para los que se pueden pagar una protección privada. En cualquier caso, "no se cancelará hasta que se asegure una protección de las fuerzas deseguridad públicas, sean policías, guardias o ertzainas, a todos los cargos".

Desde el PSOE, el principal partido en la oposición, se endurece por horas la respuesta a esta iniciativa del PP. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Manuel Eguiagaray, acusó ayer a la dirección de los populares de "utilizar a sus concejales como instrumentos para la propaganda".

Eguiagaray, en una reunión con la Asociación de Periodistas Parlamentarios, pidió al PP que "con el dolor no haga marketing político". Eguiagaray encuentra serias dudas sobre la legalidad de pedir dinero a los ciudadanos para esta actividad. Tampoco se cree del todo que ese partido haya obtenido una respuesta concreta del Tribunal de Cuentas. "El pleno del Tribunal de Cuentas no ha conocido esa cuestión y, sobre todo, hay que tener presente que ese tribunal no es una asesoría jurídica o un bufete de abogados". El portavoz socialista dio a entender que el PP ha podido dirigirse a algún miembro del tribunal por una relación de amistad. En todo caso, Francisco Fernández Marugán se ha apresurado a registrar en el Congreso de los Diputados una solicitud del supuesto informe.

A esta cuestión también se refirió ayer el ex presidente del Gobierno Felipe González, que aconsejó al PP que retire su iniciativa: "Es mejor decir que es un error y no crear una dinámica angustiosa". A su juicio, la credibilidad del Estado exige que sean las Fuerzas de Seguridad las que garanticen la seguridad de los concejales.