El Gobierno francés debate un plan legislativo para reforzar el poder de la autoridad audiovisual

La ministra Catherine Trautmann, portavoz del Gobierno y titular de las carteras de Cultura y Comunicación, presentó ayer a sus compañeros de gabinete un proyecto de reforma del sector audiovisual francés.Trautmann ha dejado claro que desea acabar con las participaciones cruzadas de accionariado y, sobre todo, con el peso de los accionistas exteriores a los grupos de comunicación. Una idea central de las bases para la reforma legislativa consiste en dotar de cierta independencia a quienes tienen la responsabilidad directa de la gestión de un canal de radio o televisión. Además, se atribuye al Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA) la posibilidad de ejercer un veto frente a nuevos accionistas.

Según el texto gubernamental, "todo proyecto de adquisición o de toma de participación deberá ser notificada al CSA" y éste podrá oponerse a la realización de la operación si observa algún peligro de "grave atentado al pluralismo" o "a la independencia de la información". El proyecto prevé igualmente que el ministerio de Economía no pueda aprobar una operación de concentración a la que se haya opuesto el CSA, es decir, la autoridad audiovisual, que en el caso de Francia está configurada de modo que no coincida automáticamente con el mandato ni con la línea política del Gobierno en el poder.Asimismo, se prevé que el conjunto de las participaciones accionariales en cada grupo de comunicación sean agrupadas en un sólo holding, y que se informe al CSA de las modificaciones que se produzcan.

La reforma pretende que el "sector comunicación" de cada gran grupo goce de independencia y para ello exigirá que sus directivos no puedan serlo, al mismo tiempo, de otras sociedades ajenas al sector.

Todas estas medidas parecen destinadas a evitar la coincidencia de intereses que a menudo se ha dado entre la cadena privada TF1 y la empresa Bouygues, la más importante de Europa en la construcción de obras públicas. Por el contrario, la proyectada limitación del techo de participación de un accionista -actualmente es del 49%- no se llevará a cabo, porque los constitucionalistas así se lo han aconsejado a la ministra.

En cambio, los canales públicos no podrán seguir siendo objeto de exclusivas. France2 y France3 dejarán, pues, de servir de banderín de enganche para la oferta por satélite de la empresa TPS, que habrá de compartirlos con CanalSatélite, la plataforma digital cuyo accionista principal es Canal +.

La reforma pretendida por el Gobierno comprende también una reorganización del sector audiovisual público, que quedará dividido en dos polos: France Television, que agrupa France 2 y France 3, con voluntad generalista; y el polo educativo y cultural, que ha de surgir de la fusión de Arte y la Cinquiéme. "En ningún caso pretendemos privatizar un canal sino justo lo contrario, deseamos potenciarlos" ha dicho Trautmann.

La ministra ha recordado que su proyecto de ley pretende ser "favorable al desarrollo de las empresas en un sector que hoy tiene un gran potencial como creador de empleo"; pero también contempla la necesidad de "garantizar la libertad de creación y la independencia de la información".

En definitiva, el "marco legislativo" en el que se inscribe la reforma se basa en el "refuerzo de la independencia de las empresas de comunicación"- y el "acrecentamiento de las atribuciones del CSA, además de la consolidación y expansión del sector público audiovisual. El proyecto examinado ayer por el Gobierno será presentado en mayo al Parlamento.