Que se explique

CON RETRASO, a regañadientes y empujado por la presión de su socio nacionalista Convergéncia i Unió, el partido del Gobierno ha pedido la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para proclamar en sede parlamentaria su repudio a las dictaduras militares de Argentina y Chile y aclarar -si es posible- su escandaloso apoyo al informe elaborado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Puesto a buscar razones con las que oponerse a la competencia, de los tribunales españoles para enjuiciar delitos cometidos en esos países, a Fungairiño se le fue algo más que la mano con un informe que otorgaba legitimidad de origen a los dos regímenes golpistas, al señalar que en ambos casos los militares se propusieron "una sustitución temporal del orden constitucional" para "subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública". Cardenal apoyó el informe con unas extravagantes referencias a los artículos de la Constitución Española en los que se regulan los estados de excepción. Ante el cariz que ha tomado el caso, el fiscal general salió ayer por las ondas a rectificar cuanto sea menester para salvar su cargo. Ni el Gobierno ni sus aliados nacionalistas -que votaron en contra de la convocatoria de un pleno extraordinario del Congreso como propuso el PSOE- consideran suficiente la declaración radiofónica y han pedido su comparecencia en el Parlamento. Bienvenida sea la rectificación, aunque haya tardado casi dos meses. Pero sus explicaciones tendrán que ser claras y convincentes si quiere borrar la impresión deque la Fiscalía General está en manos de un jurista cuyas convicciones resultan poco compatibles con la defensa de la Constitución. Todo ello es aplicable con mayor razón al autor del informe, el fiscal jefe Fungairiño,cuyo nombramiento está pendiente de un recurso de legalidad ante el Supremo . Dado el tiempo transcurrido y los acóntecimientos que se han sucedido en la fiscalía, tales como la cuartelera pretensión de Cardenal de eliminar las críticas a la ministra de Justicia provenientes de las asociaciones de fiscales, es de temer que muy pocos crean en la sinceridad de sus explicaciones. Tanto Cardenal como Fungairiño han sostenido que el informe sobre las dictaduras del Cono Sur ya incluía la calificación explícita de "matanza y torturas". Pero esa condena no fue incompatible con la idea de una intervención militar correctora. Tampoco ayuda a cimentar la fe en la sinceridad de las explicaciones de Cardenal la ligereza con que el portavoz del PP en la Comísión de Justicia, Andrés Ollero, ha ventilado las implicaciones de este caso, que parece situar al nivel de un malentendido. Según Ollero, Cardenal comparecerá para "desterrar equívocos y terminar con el desgaste de la institución". Así de sencillo. Para Ollero, la preocupación por las convicciones antidemocráticas de dos altos funcionarios públicos nombrados por el Gobierno es "marear la perdiz".Con explicaciones públicas satisfactorias o sin ellas, la solución más razonable y políticamente más adecuada es que el fiscal general del Estado y el fiscal jefe de la Audiencia dimitan o sean destituidos de sus cargos. El daño que han hecho a la justicia es irremediable y es muy dudoso que puedan restañar la confianza de los ciudadanos en que su gestión futura esté de acuerdo con las exigencias de una democracia. Pero tal ejercicio de honestidad y coherencia es improbable. Sobre todo cuando el Ministerio de Justicia calla y otorga y el presidente del Gobierno declara a un diario chileno que la posición del fiscal "se puede interpretar ya no como una postura individual, sino como una visión que lleva implícita la posición del Gobierno". ¿Es Fungairiño el intérprete fiel del Ejecutivo en este asunto?