Los empresarios tachan la inspección de "ilegal"

La Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Madrid se revolvió ayer contra la inspección masiva emprendida por el Gobierno autónomo para atajar el presunto fraude de las gasolineras.

Tras la celebración de una asamblea extraordinaria y urgente de la patronal, su presidente, Antonio Onieva, tachó de ilegal la clausura de los surtidores con los precintos internos rotos que está realizando la Administración y animó a los empresarios a recurrir a los tribunales, como ya han hecho dos de ellos, según dijo.

Onieva insistió en que los precintos internos que ahora se están comprobando por primera vez son meros precintos de garantía del fabricante y no un indicio de fraude, por lo que la clausura de los postes que los tengan violados constituye "un abuso de autoridad".

"La Comunidad de Madrid tiene que poner fin de forma inmediata a esta situación, porque si no se va a crear un problema muy grande", advirtió. El presidente de la patronal acusó a la Administración de haber realizado una "huida hacia adelante" con la inspección masiva de las gasolineras. "No se puede entrar a saco en la empresa privada", se quejó.

Por su parte, el consejero de Economía y Empleo de Madrid, Luis Blázquez, defendió la clausura de los postes que no tengan los precintos internos intactos, alegando que "son obligatorios y constituyen una garantía para el consumidor".

Blázquez añadió que no tenía noticia de las quejas de la patronal y recordó que, durante la reunión celebrada el pasado miércoles por el Consejo de Consumo, "Onieva dijo que [los empresarios] tenían tal deseo de, transparencia que abrían sus puertas a cualquier investigación que se quisiera hacer".

Respecto a la defensa legal ante este tipo de fraudes, el consejero regional reconoció que "la malla para proteger al consumidor puede estar llena de agujeros" y que, aunque le gustaría, resulta casi imposible llegar a un sistema que garantice al cien por cien la inexistencia de engaños. "Si hubiera connivencia de fabricantes o empresas laterales y empresarios", aventuró, "el riesgo sería aún mayor".

A su juicio, no se trata de un problema exclusivamente madrileño, ni siquiera español, pues la indefensión ante manipulaciones tecnológicamente muy avanzadas de este tipo de aparatos es un problema común a toda la Unión Europea. "El sistema europeo, [de protección de los consumidores] no es seguro", sentenció.

La Administración regional, además de adoptar todas las medidas a su alcance, promoverá una reforma de la legislación sobre metrología [control de medidas], que es competencia del Estado, anunció Blazquez.

Respecto a las críticas del PSOE a su inoperacia tras la denuncia de la OCU, recordó que este problema empezó cuando gobernaban los socialistas. "El ciudadano nos puede pedir cuentas, otros no", afirmó.