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Los fiscales se rebelan contra Cardenal por prohibirles que critiquen al Gobierno

PSOE e IU exigen una destitución fulminante

El nuevo y grave conflicto en el seno de la fiscalía tiene su origen en las críticas que vertieron los portavoces de AF y UPF por las manifestaciones de ambos al conocer la anulación, por la ministra de Justicia, de las sanciones impuestas a los fiscales de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño y María Dolores Márquez de Prado. Según fuentes de las asociaciones, Cardenal ordenó expedientar a los portavoces amparándose en que la Ley Orgánica del Poder Judicial, que rige para jueces y fiscales, establece que no se puede censurar a los poderes públicos. Cardenal llegó a encargar al fiscal jefe de la Inspección, Juan José Martínez Zato, la formación de los expedientes, pero éste le convenció de que no lo hiciera. Finalmente, todo se limitó a una advertencia verbal, extremo que anoche negó la Fiscalía del Estado. En un comunicado, Cardenal reconocía "haber participado al fiscal inspector su preocupación con algunas de las manifestaciones de los portavoces de las asociaciones". Sin embargo, la nota añade que "en ningún caso se ha amenazado, coaccionado o condicionado la libertad de expresión". Tanto el PSOE como Izquierda Unida exigieron ayer la fulminante destitución del fiscal general del Estado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de enero de 1998