Mando a distancia

INDEPENDENCIA Y credibilidad deberían ser cualidades esenciales de cualquier autoridad audiovisual encargada de supervisar los contenidos. El Comité de Medios Audiovisuales que propone ahora el PP se aleja de ambas. El proyecto no sólo pone a su cabeza al presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), lo que lleva a una mala mezcolanza de las cuestiones técnicas con otras culturales o deontológicas, sino que al nombrar también el Gobierno a sus seis vocales se garantiza un mando a distancia con el que entrometerse aún más -¡qué difícil!- en todas las cadenas de televisión.Tras la críticas de CiU, del PSOE y de IU es dificil ver con qué mayoría parlamentaria piensa el PP sacar adelante su proyecto. Había consenso, político en 1995, cuando el Senado aprobó casi por unanimidad la fórmula del Consejo Superior de Medios Audiovisuales, a raíz del informe de la comisión que presidió Victoria Camps. Esta fórmula se inspiraba en la idea de autorregulación del sector, que merece una oportunidad real frente a la tentación de las medidas intervencionistas. El proyecto presentado por el PP da varios pasos atrás respecto al informe Camps.

La pretensión de que el nombramiento por el Gobierno de los seis vocales de tal comité garantiza su independencia -el PP prefiere hablar de "autonomía"- sería discutible incluso en países con acreditada tradición en la materia, como el Reino Unido o Estados Unidos. Mucho más en España, sobre todo a la luz de la trayectoria seguida por el Gobierno de Aznar, que en su corta vida ha dado amplias muestras de intromisión en los medios de comunicación y de nombramientos que carecen de cualquier rasgo de independencia, como el de López Amor al frente de RTVE. Mientras la televisión pública esté como está y no dé pruebas de neutralidad y objetividad informativa, ningún comité nombrado por el Gobierno puede aspirar a ganarse una reputación de independencia.

El propio caso del Consejo de RTVE, la teledirigida televisión estatal, demuestra que tampoco sería una solución un comité elegido por las Cortes, como propone el PSOE. La mejor salida es la autorregulación y, si acaso, pensar en una figura -sin gran aparato administrativo- que pudiera actuar como defensor de los espectadores.