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Inquietud en la mutua de los médicos por los planes de vender sus activos

Una sentencia anula los sueldos de los ex consejeros

Gabriela Cañas

Previsión Sanitaria Nacional, la mutua que crearon, controlaron y llevaron a la bancarrota los médicos españoles, sigue en crisis. La asociación que defiende a los 118.000 mutualistas denuncia los planes de los administradores provisionales, impuestos por el Gobierno, de estar vendiendo su patrimonio. Para colmo, una sentencia ha anulado la Junta donde los ex consejeros se adjudicaron 90 millones de sueldo anual.

El Gobierno, a través de la Dirección General de Seguros, intervino en mayo pasado PSN -la mutua a la que se acoge la mayoría del personal sanitario español- debido a su grave situación patrimonial: pérdidas acumuladas de 8.761 millones. Ahora, con la nueva gestión de los administradores provisionales -Luis Miguel Ávalos y Alberto Romero-, el plan de reflotar la entidad pasa por la venta de inmuebles. "No se está haciendo nada. Quieren vender los activos y dejar la entidad totalmente pelada para devolver la a los mutualistas", advierte Bernardo Gutiérrez de la Roza, abogado de ANADEM-PSN, la asociación creada para defender los intereses de los asociados. Los administradores prefieren no comentar nada en tanto Seguros no apruebe su plan, pero una fuente próxima a ellos informó ayer a EL PAÍS de que, en efecto, la venta de inmuebles es una política lógica. "Hay que transformar los inmuebles no rentables en inversiones a renta fija". Para los mutualistas es difícil de entender que la entidad se desprenda, por ejemplo, de la Residencia Doctor Pérez Mateos, de Alicante. En el equipo de la mutua alegan que es Seguros quien obliga a vender o ceder a terceros la gestión de esta residencia porque es una actividad del todo ajena a una mutua.

Sentencia recurrible

Según la inspección de Seguros que motivó la intervención, los gastos faraónicos y ajenos a la entidad desplegados por el médico Juan Blázquez y su equipo la llevaron a la quiebra. Una primera sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, el pasado viernes, evidencia que no va a ser fácil hacer la vista gorda. El fallo anula la Junta de PSN de abril de 1995, donde los quince consejeros se adjudicaban un sueldo bruto anual de 90 millones de pesetas. Su presidente, Blázquez (véase EL PAíS el 23 de mayo de 1997), disfrutaba de un sueldo de 115 millones, mientras que el resto de los consejeros cobraban entre 5 y 6 millones. Tanto él como el resto compatibilizaban dichos sueldos con sus actividades profesionales, mayoritariamente en la sanidad pública. Pero la sentencia es recurrible.La edición de una revista costaba 136 millones anuales. El asesoramiento de un solo abogado, -Manuel Cobo del Rosal-, 70 millones, y la Fundación Cultural Rey Alfonso XIII, 164 millones anuales. Todo ello se ha paralizado con la nueva gestión, pero también 2.500 mutualistas dejaron de percibir su pensión en noviembre debido a que la mutua cree que es la Seguridad Social la que debe afrontar los pagos.

Corren tiempos de apretarse el cinturón, si bien ambos administradores cobran en la mutua 875.000 pesetas netas al mes, lo que tampoco los mutualistas ven con buenos ojos.

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Sobre la firma

Gabriela Cañas
Llegó a EL PAIS en 1981 y ha sido jefa de Madrid y Sociedad y corresponsal en Bruselas y París. Ha presidido la Agencia EFE entre 2020 y 2023. El periodismo y la igualdad son sus prioridades.

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