Dirigentes del entorno de ETA reconocen pérdida de control sobre la violencia callejera

Un documento de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), de la que forma parte ETA, critica a los jóvenes que participan en la lucha callejera por su "desideologización y su falta de implicación decidida en la construcción nacional de Euskal Herria". En el escrito, algunos dirigentes de KAS reflexionan sobre la militancia que desean para el futuro y expresan su "preocupación" por cierta pérdida de control de la violencia en las calles. En el documento se reconoce el riesgo que entrañan algunos sabotajes por "las contradicciones que produzcan o por el enfrentamiento que genere en nuestros pueblos".

Los daños que ocasionan anualmente los grupos de apoyo a ETA se aproximan a los 1.000 millones de pesetas. En 1997, según el Departamento de Interior, llevaron a cabo 953 sabotajes y participaron en 107 algaradas callejeras. Una de sus últimos sabotajes fue la quema del Ayuntamiento de Legazpi, un edificio de 1730, cuyas obras de rehabilitación se prolongarán a lo largo de seis meses y tendrán un coste de 50 millones de pesetas.Los autores del escrito, fechado en el mes de diciembre y publicado ayer por El Correo, creen que los jóvenes están realizando sabotajes que no están programados: "En estos momentos se están ejecutando acciones sobre las que no tenemos ningún control".

En el documento se reclama mayor atención sobre la captación de militantes como medida de prevención ante el peligro de que no puedan recuperar el control y la dirección "sobre sectores no encuadrados perfectamente" en sus estructuras. Y advierten del peligro de no tener controlada a la gente: "Hay que cuidar la entrada en la lucha callejera de gente muy joven y que se mete de todo". Ese tipo de grupos, según KAS, está protagonizando acciones de "dificil encaje con la estrategia de la izquierda abertzale".

Los dirigentes de KAS critican la forma pero no el fondo de la violencia callejera, que consideran "válida y en plena forma", y aconsejan que los protagonistas de los sabotajes "no se sientan únicamente militantes de la lucha callejera" y piden que éstos se impliquen en Jarrai, organización juvenil de KAS, o en el sindicato de estudiantes lkasle Abertzaleak (Estudiantes Vascos). Los autores del informe critican a Jarrai por "no haberse tomado el suficiente interés para que los jóvenes acudan a sus sedes y se comprometan activamente con el movimiento, como auténticos militantes".

Abandono de los detenidos

En el documento se reflejan los problemas que han tenido con Gurasoak, la asociación de padres de jóvenes detenidos por su participación en sabotajes callejeros, y se realiza una auto crítica por el escaso apoyo que han recibido los arrestados. "Hemos abandonado a algunos (insuficiente apoyo jurídico, económico) tras mandarles a pelear en vanguardia", afirman. El pasado 3 de enero, los padres agrupadosen la asociación Gurasoak protagonizaron una manifestación en las calles de San Sebastián en defensa de sus hijos, acusados departicipar en la violencia callejera. Un portavoz de esa asociación señaló que desde 1992 un total de 600 jóvenes han sido detenidos por acciones violentas.Agentes de la Ertzaintza detuvieron a lo largo de 1997 a 72 personas acusadas de pertenecer a 16 grupos Y de apoyo a ETA, según el Departamento de Interior del Gobierno vasco, y a 314 relacionadas directamente con desórdenes callejeros; además del arresto de otro medio millar de personas, a quienes se vincula con delitos de desobediencia a la autoridad y participación en manifestaciones ilegales.Por otra parte, un grupo de saboteadores lanzó ayer cuatro cócteles mólotov contra el Palacio de La Cumbre de San Sebastián, residencia del subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa. Los artefactos incendiarios cayeron cerca de la fachada del palacio y no causaron daños ni personales ni materiales.

La Ertzaintza, mientras, desactivó en la noche del pasado domingo una bomba en Hondarribia (Guipúzcoa) compuesta por cinco kilos de amonal, que había sido colocada en las oficinas de Correos. Diez familias que habitan en el inmueble tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas mientras el equipo de desactivación de explosivos llevaba a cabo su trabajo.