La Administración retira 11 postes que tenían rotos los precintos

Ayer por la mañana, un día después que la Fiscalía, las autoridades de la Comunidad de Madrid inspeccionaron los surtidores de seis de las gasolineras denunciadas por la OCU. Los responsables de la dirección de Industria del Gobierno autónomo, acompañados por técnicos de CETIL y del Centro Español de Metrología, dependiente del Ministerio de Fomento, "destriparon" 18 surtidores y descubrieron que los precintos interiores habían sido rotos en 11 de ellos.Según explicó ayer tarde el consejero de Economía madrileño. Luis Blázquez, los surtidores irregulares han sido clausurados y sus componentes desmontados y trasladados a la sede de la Dirección General de Industria, donde el lunes serán analizados por técnicos de la empresa alemana Kienzle, fabricante del ordenador que sirve de contador, llamados a Madrid con este fin.

Los postes clausurados pertenecen a las gasolineras Avitipa S. L., en el kilómetro 2,200 de la carretera de Mejorada del Campo a Velilla (Mejorada del Campo); Emilio Ferrari, en el número 68 de la calle del mismo nombre de Madrid; y San Blas II, en la calle de Arturo Soria número 175 (Madrid).

Las tres gasolineras citadas fueron denunciadas en el informe de la OCU, por suministrar en tomo al 5% menos de combustible del que figuraba en el contador. Sin embargo, en las inpecciones realizadas el martes y miércoles pasados por los funcionarios de la Comunidad de Madrid, las mediciones oficiales daban una merma del 0,5% de gasolina como máximo, dentro del límite legal. Entonces, los inspectores oficiales no abrieron los postes surtidores para comprobar si los precintos internos se encontraban intactos como hicieron ayer.

El consejero Blázquez anunció que se ha abierto ya un expediente sancionador contra los propietarios de las gasolineras por parte de la Dirección General de Consumo, pues la violación de precintos interiores constituye una falta muy grave y puede ser castigada con la sanción máxima: 2,5 millones de pesetas por manguera, lo que supone unos 110 millones de pesetas para los 11 surtidores irregulares hasta ahora observados.

Blázquez anunció que todos los postes de las gasolineras de Madrid serán revisados, lo que constituye un "trabajo ímprobo, pero necesario" y que el Gobierno madrileño promoverá un cambio de la legislación estatal.