La Funeraria es multada con 250 millones por "abuso de posición dominante

El "abuso de posición dominante" de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid se castiga con 250 millones de pesetas, repartidos en tres multas. Así lo ha decidido el Tribunal de Defensa de la Competencia en dos resoluciones contra la compañía que disfrutó del monopolio fúnebre en la capital hasta el año pasado. La sanción más cuantiosa (137,7 millones) se basa en los aumentos de las tarifas de 1992, cuando la empresa era municipal. Las otras dos (112,5 millones) se deben a las limitaciones impuestas a los marmolistas para trabajar en los cementerios.

El Tribunal de Defensa de la Competencia (organismo adscrito al Ministerio de Economía) despidió el año 1997 con dos duras resoluciones contra la Empresa Mixta de Servicios Funerarios. La última, fechada el 30 de diciembre, condena a la firma al pago de una multa de 137.710.000 pesetas. Y ello por la realización "de diversas prácticas de abuso de su posición de dominio en el mercado".El tribunal las concreta en la modificación y aumentos de las tarifas decididos en 1991 para el año siguiente. En ese momento, la empresa, que atravesaba apuros económicos, era propiedad del Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio privatizó el 51% de las acciones por 100 pesetas a finales de 1992. Todavía conserva el 49% restante.

Defensa de la Competencia añade que la subida generalizada de los precios de 1992 fue del 15,92% como promedio. Destaca que, de paso, se suprimieron dos tipos de servicios fúnebres que figuraban entre los más asequibles y que también eran los más utilizados por las compañías de seguros.

Denuncia de aseguradoras

Precisamente fueron la patronal de seguros, Unespa, y la compañía La Preventiva las que denunciaron a la funeraria madrileña ante el tribunal en 1991. La resolución definitiva ha tardado más de seis años en llegar, tras diversos ajetreos en el procedimiento. Cuenta con un voto particular discordante.

El tribunal condena finalmente el establecimiento para 1992 "de un recargo del 300% en el precio de los servicios para los fallecidos en Madrid que no estuvieran empadronados en dicho municipio".

El organismo requiere a la empresa mixta "para que se abstenga en lo sucesivo de realizar tales conductas". La sanción fijada equivale al 1,5% de la cifra de ventas de la compañía en 1996, un año antes de perder el monopolio de los entierros.

Una fuente jurídica próxima a la empresa mixta aseguró ayer que la firma recurrirá la decisión de Defensa de la Competencia. Y lo hará ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. "Si no nos diera la razón llegaríamos ante el Tribunal Supremo", añadió. La misma fuente recordó que fue el Ayuntamiento el que aprobó, "con toda legalidad", las tarifas de pompas fúnebres para 1992. "Sin embargo, ahora se condena a la empresa mixta, que no fue responsable de aquello", añadió.

En cambio, la resolución del tribunal considera "probado" que la compañía determina "libremente" las tarifas. Añade que la empresa sólo dio una explicación para el aumento de las tarifas de 1992: las elevadas pérdidas de la compañía (686 millones en 1991).

Defensa de la Competencia añade que el comportamiento de la empresa mixta "ha causado un grave perjuicio a los consumidores, que han visto cómo se encarecía, directa o indirectamente en el caso de los seguros, de modo injustificado un servicio necesario que, al prestarse en régimen de monopolio, era de obligada adquisición".

Marmolistas por libre

Unos días antes de esta resolución, el pasado 23 de diciembre, el tribunal emitió otra contra la funeraria madrileña, a la que se imponen otras dos multas. Una de 110 millones de pesetas por "abuso de posición dominante consistente en la imposición de un canon a los marmolistas de Madrid por la realización de sus trabajos [en los cementerios municipales, que gestiona la funeraria semipúblical".

Otra sanción, de 2,5 millones, se justifica en los acuerdos entre la empresa mixta y la Asociación de Empresas de Piedra y Mármol de Madrid "para el control de la actividad de ornamentación de unidades de enterramiento en los cementerios del municipio de Madrid y el reparto del mercado entre los miembros de dicha asociación, con expulsión de dicho mercado de quienes no fueran miembros de la misma". La multa para la asociación es de 2,5 millones.

La fuente jurídica cercana a la empresa señaló que el primer acuerdo con la asociación se hizo antes de la privatización y que el canon lo aprobó el Ayuntamiento. Añadió que también se recurrirá esta resolución. "A partir de hoy puede actuar en los cementerios el marmolista que quiera", aseguró.