Resistencia canina

, No más serenatas perrunas, carreras a lo loco ni cacas en las aceras. El Ayuntamiento de Móstoles (196,500 habitantes) ha decidido atar corto a los perros y a sus dueños aplicando las sanciones que hace meses anunció la Policía Municipal. Los agentes han terminado el turno de avisos para pasar a los hechos. Resultado: 24 actas por ladridos nocturnos, mascotas que pasean sueltas por los parques y defecaciones en sitios inadecuados, que podrán terminar en multas de 10.000 a 150.000 pesetas, según su gravedad. Esta actitud sancionadora ha suscitado el nacimiento de la asociación Amigos de los Animales de Móstoles, un grupo de propietarios de canes que ha pasado de tener siete miembros a superar la veintena en poco más de un mes. Este frente se ha alineado contra el "bombardeo" de sanciones y pide al Consistorio que antes de multar cumpla con la ley que la Comunidad elaboró hace siete años para la tenencia de mascotas. "En el documento se exige a los ayuntamientos que busquen lugares de esparcimiento específicos para los animales de compañía. Lo mismo se acordó en un pleno de 1992 y nada se ha hecho aún", dice Francisco Javier Vadillo, miembro de la asociación.Y es que la vida canina no se puede desarrollar "como manda la ley", según Vadillo, porque no hay un espacio acotado en los parques para los perros. Pero lo habrá. Al menos, eso dice la concejal de Sanidad, María Teresa Suárez, del PSOE, quien afirma que ya se han elegido en las mayores zonas verdes del municipio.

Con todo, a la ciudadanía no le preocupa tanto que los perros vayan sueltos como los zancos que a veces se calzan tras pisar una boñiga ante el portal de su casa.

Los dos pípi-canes, situados en la Finca Liana y en el parque Cuartel Huerta, se revelan artefactos temibles para los animales, que se niegan a utilizarlos, y hasta el Ayuntamiento reconoce que no son una solución. Al decir de Suárez, la única posibilidad de que el municipio esté limpio es que los propietarios vayan recogiendo con un papel o una bolsa los residuos que deje cada perro.

"Nosotros entendemos el malestar de los vecinos, pero si tuviésemos esas zonas especiales ya no se verían más cacas en las aceras", insiste la asociación.

Ese asunto preocupa también en otras localidades. La alcaldía de San Fernando de Henares recuerda estos días por carta a sus vecinos que quienes infrinjan las ordenanzas sobre tenencia de perros y gatos pagarán hasta 2,5 millones de multa. Y en ColladoVillalba se ha redactado un proyecto que contempla espacios específicos para las cacas, que, mediante un sistema hidráulico, serían arrojadas a la red de saneamiento.