El Gobierno suspende rasgos polémicos de la financiación autonómica

Las posiciones estancadas del Gobierno y PSOE sobre financiación autonómica se mueven. El Gobierno ha aprovechado la aprobación, a fin de año, de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1998 para cambiar una de las aristas duras del modelo de financiación vigente, acordado por el PP y CiU en 1996 y recurrido ante el Tribunal Constitucional por las comunidades del PSOE: Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. A través de una disposición adicional ha suspendido la capacidad normativa de las comunidades sobre los impuestos de sucesiones y patrimonio cuando los bienes a tributar están en otra comunidad hasta que pueda haber una aplicación para todas.

El secretario de política autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui, ha celebrado el gesto del Gobierno y está dispuesto, según dijo ayer a EL PAÍS a asumir la capacidad normativa sobre los tributos cedidos y reabrir el diálogo sobre el modelo de financiación autonómica "si el Ejecutivo da un paso más y ,elimina la discriminación en la participación de los ingresos del Estado (PIE) entre las doce comunidades que han asumido el modelo y las tres, las socialistas, que no lo han hecho".Jáuregui recuerda que el Gobierno, en un decreto de abril de 1997, impuso para estas tres comunidades un porcentaje de participación en los ingresos del Estado en base al crecimiento del PIB que es inferior al de las restantes comunidades cuyo cálculo se basa en la evolución del ITE (ingresos tributarios del Estado).

El senador socialista Octavio Granados interpreta que al suspender la aplicación del nuevo modelo de financiación en los supuestos conflictivos sobre impuestos de sucesión y patrimonio y acogerse a la Ley de Tributos de 1983, el Gobierno trata de evitar una sentencia negativa del Tribunal Constitucional sobre su nuevo modelo y elimina una de las aristas más polémicas del mismo.

Pero la suspensión ha movido las posiciones estancadas del Gobierno y el PSOE en esta materia. El secretario de Estado de Administración Territorial, Jorge Fernández, en una conversación mantenida antes de las fiestas navideñas con Ramón Jáuregui admitió la modificación y la valoró como un gesto positivo para acercar sus posiciones con el PSOE en uno de los conflictos que más separan a Gobierno y oposición.

Jáuregui afirma, a su vez, que reconoce el gesto positivo ycree que "puede ser la llave para resolver las diferencias de fondo entre el Gobierno y el PSOE sobre el uso de la capacidad normativa por las comunidades autóNornas''. Cree, asimismo, que "si el Gobierno ya ha dado un paso al suspender la capacidad normativa para evitar distorsiones entre comunidades sobre el impuesto sobre sucesiones, la misma lógica le puede llevar para hacerlo con el IRPF'.

La modificación realizada por el Gobierno no es del todo baladí, aunque sólo afecta a algunos supuestos de los tributos cedidos en sucesiones y patrimonio y no al IRPF, donde se sitúa su batalla principal con el PSOE.

El nuevo modelo de financiación autonómica establecía, en materia del impuesto de sucesiones, que los rendimientos y la gestión del impuesto gravarían en el domicilio fiscal del fallecido, aunque los bienes figurasen en otra comunidad autónoma. Por tanto, la norma que aprobase la comunidad de residencia del fallecido sería la que se aplicaría a los bienes domiciliados en otra comunidad, que puede disponer de otra normativa fiscal. La situación se agrava al existir capacidad normativa en las comunidades y al haber renunciado tres de ellas a aplicarla por rechazar el nuevo modelo, recuerda Granados.

La posibilidad de colisión de normas entre comunidades autónomas es la que ha inducido al Gobierno a rectificar, concluye.