Orgullo y dolor en México

1997 fue año de luces y sombras en México. Felizmente, la nación celebró sus primeras elecciones plenamente democráticas desde 1911 y 1912. El 6 de julio de 1997, el milagro ocurrió por segunda vez. Los partidos de oposición ganaron la Cámara de Diputados y la jefatura de gobierno de la ciudad de México. Más de la mitad del país es gobernada por partidos de oposición, en efecto poniendo fin a la longeva dominación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que hoy se encuentra a la defensiva y en -busca de la identidad perdida por tanto barajar, oportunísticamente, sus máscaras ideológicas.Hoy, el poder en México es compartido por el Ejecutivo y el legislativo. Una torpe maniobra a fines de agosto, atribuible al PRI y al Ejecutivo para despojar a la oposición de sus facultades de organización interna de la Cámara baja, resultó un clásico tiro por la culata que por poco priva al propio presidente, Ernesto Zedillo, de pronunciar su informe anual ante el Congreso. Los cuatro partidos de la oposición (el Partido de Acción Nacional, PAN, al centro derecha; el Partido de la Revolución Democrática, PRD, al centro izquierda, y los más pequeños PT, Partido del Trabajo, y PVEN o verdes) efectivamente formaron el grupo G-4 para derrotar al PRI en numerosos asuntos relativos a la organización interna de la Cámara y la naturaleza de la agenda.

Sin embargo, la alianza opositora resultó previsiblemente transitoria cuando se votaron los temas sustantivos de la economía. Al cabo, el PAN se alió con el PRI en apoyo a las políticas de disciplina fiscal y cinturones apretados del presidente Zedillo, aunque también obtuvo numerosos beneficios para los Estados y municipios donde Acción Nacional lleva la batuta. El PRD hubo de lamer sus heridas, aunque sus dirigentes, sin duda, entienden que de ahora en adelante PAN se asociará con PRI en el tema económico y con PRD en temas políticos, en efecto estableciéndose como el fiel de la balanza legislativa. Veremos si PRI se juntará con PRI en otras áreas, creando un sistema político de alianzas movedizas y regateos -tal y como sucede en todos los congresos democráticos del mundo-

Permanece un hecho central. Después de años de servilismo ante la voluntad presidencial, el Congreso mexicano ahora legisla por iniciativa propia y restringe, a cada vuelta, al Ejecutivo.

Por su lado, el presidente Zedillo está obviamente satisfecho de que la macroeconomía muestre señas de salud. Pero ni él ni mexicano alguno puede sentirse contento de que la pobreza de la gran mayoría de los mexicanos persista y aun aumente. ¿Cuándo se traducirá el éxito macroeconómico en bienestar microeconómico? Los plazos se acortan y el mundo entero, no sólo México, bien puede resignarse a lo que Oscar Arias llama un "darwinismo global": progreso y prosperidad para una minoría y abandono -encogido de hombros- para la mayoría.

En todo caso, los éxitos de la democracia mexicana se ven ensombrecidos no sólo por la pobreza sino por la inseguridad. La "marcha del silencio" del 29 de noviembre fue una elocuente protesta cívica contra la ola de asaltos, secuestros y asesinatos que ahora tocan a las antes intangibles clases media y alta de la ciudad. La lucha contra la inseguridad le cayó en las manos al primer jefe de gobierno electo de la ciudad capital, Cuauhtémoc Cárdenas, cuya gestión será juzgada por la manera como reforme a los cuerpos de seguridad corruptos e ineficientes, restaurando una medida de tranquilidad en las calles y los hogares del Distrito Federal.

Pero el problema del crimen rebasa con mucho el perímetro de la Ciudad de México y su zona conurbada.

Es un problema internacional que afecta a México como país de paso del tráfico de drogas provocado por la insaciable demanda. del consumidor norteamericano. Los cárteles de la droga han escapado no sólo a la jurisdicción nacional, sino a la internacional, creando su propia jurisdicción global.

Es un problema nacional que empieza a generar impaciencia con la lentitud democrática y añoranzas autoritarias. El secuestro, a finales de año, del máximo experto en cuestiones de seguridad, el ex secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, alarma a una ciudadanía perpleja. Si el número uno de la, seguridad puede ser raptado, ¿qué esperanzas le quedan al ciudadano común y corriente? Es como si, en EE UU, J. Edgar Hoover hubiese sido secuestrado... ¿por quién? ¿Por él mismo para desacreditar al Gobierno?¿Por el Gobierno para ponerle coto a las ambiciones políticas del poderoso ex mmistro? ¿Por un grupo guerrillero recién nacido y no identificado, o por criminales comunes y corrientes?

La gente se hace todas estas preguntas, pero ellas no deben distraernos de la violencia más cruel, la violencia contra los pobres, los inermes, los indios y los campesinos, los niños y las mujeres salvajemente asesinados el 22 de diciembre en Chenalhó por escuadras paramilitares. Fue la jornada más brutal de las dos guerras de Chiapas, la negociable y la irrenunciable.

El contencioso entre el Gobierno federal y los zapatistas puede negociarse. Que las pláticas se hayan detenido durante el año electoral es, acaso, comprensible aunque no condonable. Las autoridades, en todo caso, son culpables de complacencia y de omisión. Han dejado, en su afán de que "Chiapas se pudra solo", que los problemas crezcan y corran a medida que los grupos paramilitares se formaban y asolaban los campos, sembrando el terror en una comunidad tras otra. ¿Quién arma a estos matones? ¿Las autoridades locales, el PRI, o los brutales finqueros que, durante siglos, han oprimido y explotado sin misericordia la tierra y el trabajo en Chiapas? Este es, al cabo, el problema radical de la violencia en México y en Chiapas: la tierra y la libertad, la justicia y el derecho a la vida.

Si la política mexicana no ataca la raíz del problema, corremos el riesgo de que se nos desplome el edificio entero de nuestra frágil democracia-niña a favor de una tradición autoritaria, tan antigua que se remonta a Moctezuma y, Cortés, pero tan moderna, también, como el miedo, la insatisfacción y la miseria que llevará al, poder a los fascistas en Italia y a los nazis en Alemania. Chiapas reclama justicia. Reclama también la aplicación del articulado de la Constitución que prevé la desaparición de poderes en un Estado cuando no pueden establecer el orden ante un caso de trastorno interior. El Senado, en este caso, tiene la palabra.

Y en todo caso, 1998 se perfila como un año de prueba para la tierna, muy tierna, democracia mexicana.