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La filial de Telefónica que vende datos de clientes ha sido multada en tres ocasiones

El 90% de su negocio procede de gestionar la publicidad de las páginas amarillas

Telefónica Publicidad e Información (TPI), la empresa que ha comerciado con los datos de abonados a la Compañía Telefónica y filial del grupo Telefónica, cuenta en su haber con tres expedientes y otras tantas sanciones, impuestas con anterioridad por la Agencia de Protección de Datos. El 90% de los 31.286 millones que facturó en 1996 procede de la gestión de las páginas amarillas, un negocio que le proporcionó 3.423 millones de pesetas de beneficios, (un 10,9% más que en el ejercicio anterior), según los balances presentados por la empresa en el Registro Mercantil.

La empresa filial, antigua Compañía Publicitaria de Exclusivas Telefónicas (Cetesa), tiene unos fondos propios de 6.748 millones de pesetas y un endeudamiento de 22.427 millones. Está presidida desde noviembre de 1996 por Rafael Hernández García, un ejecutivo de Telefónica que desempeñó el cargo de presidente de Telefónica de Perú. Sustituyó en el cargo a Margarita Sánchez. Su actual consejero-delegado, ,nombrado al mismo tiempo que Hernández García, es Enrique Used, otro alto cargo del grupo Telefónica que ocupó el cargo de presidente de Estratel, una filial de la compañía dedicada al marketing telefónico. En el consejo de Telefónica Publicidad e Información están también desde hace dos años el BBV, Argentaria y La Caixa, accionistas fundamentales de la empresa matriz que en 1995 iniciaron un proceso de incorporación a las filiales del grupo Telefónica. Por parte del BBV participa en el consejo de TPI Víctor Goyenechea; Gregorio Villabeitia por parte de Argentaria, y Rosa Cullell por La Caixa.

De acuerdo con los datos que figuran en el Registro Mercantil, TPI mantiene participaciones significativas en otras compañías dedicadas a la mercadotecnia y a la publicidad. Así, posee el 100% de Estrategias Telefónicas (Estratel); el 5 1, 10% de TMP Worldwide España SA; el 25% de Venturini España SA; el 5% de Euredit SA y un porcentaje mayoritario en la empresa Doubleclik Iberoamericana (junto con la estadounidense Doubleclick) dedicada a la publicidad en Internet en habla hispana. (Precisamente, TPI anunciaba -ya ha retirado el. mensaje- en Internet la venta de datos de Telefónica, con tarifas concretas).

El interés de TPI-Telefónicapor la publicidad en Internet forma parte del amplio objeto social que declara la compañía: "Otras actividades relacionadas con-el espectáculo y el turismo. Organización de Congresos".

En junio de 1997, TPI llegó a un acuerdo con la compañía estadounidense Doubleclick, definida entonces como "la mayor agencia publicitaria en la red [Internet]" para iniciar el negocio publicitario en Internet. Telefónica y Doubleclick,crearon entonces, con 150 millones de pesetas, la compañía mixta Doubleclick Iberoamericana, en la que TPI-Telefónica es mayoritaria.

El propósito de la operación, según explicó en su momento la propia Telefónica y recogió la prensa especializada, era hacerse con el timón de la inversión publicitaria de habla hispana en Internet.

Tres multas

Los problemas de TPI con la Agencia de Protección de Datos no son nuevos. En noviembre de 1996, Telefónica y TPI sufrieron la apertura de tres expedientes por parte de la Agencia de Protección de Datos. En junio de este año fueron sancionadas con tres multas, por importe de 110 millones de pesetas, por tratamiento y cesión ¡legal de datos personales de sus abonados. Dos de las sanciones fueron muy graves. Latercera, (10 millones de sanción) le fue impuesta por el tratamiento automatizado de datos de usuarios de Telefónica.TPI ha tenido en los tres últimos ejercicios de actividad una buena evolución. Entre 1995 y 1996, las ventas crecieron casi un 11% (hasta superar los 30.000 millones de pesetas), el mismo porcentaje que los beneficios netos.

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña, Higini Clotas, ha presentado una proposición en la que insta a estudiar las acciones legales y políticas necesarias para evitar "el enriquecimiento injusto" de Telefónica al vender datos "que no son de su propiedad".

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