EE UU y la Unión Europea exigen el castigo de los culpables
La magnitud de la sangrienta matanza de Chiapas ha provocado una rápida y rotunda reacción internacional. Ésta es la que, en alguna medida, ha forzado al presidente mexicano Ernesto Zedillo a aparecer ante las cámaras de televisión de su país para dar explicaciones sobre lo sucedido. Dos de los principales aliados políticos y socios comerciales de México, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), exigen a Zedillo una decidida actuación contra las bandas de paramilitares pagadas por los terratenientes, presuntas responsables de la matanza del martes.
Estados Unidos volvió a insistir el miércoles (ya lo hizo en las últimas horas del día anterior) en la necesidad imperiosa de que "el Gobierno de México realice una rápida y completa investigación" sobre lo sucedido y que "tome las medidas necesarias para asegurar la protección de sus ciudadanos en la región [de Chiapas]", declaró Julie Reside, una de las portavoces del Departamento de Estado.
La organización estadounidense Human Rights Watch, muy activa en América Latina, dijo estar muy preocupada por la violencia existente en esta región mexicana, donde se suceden los asesinatos, las expulsiones y los secuestros. Según esta organización, el Gobierno central no ha reaccionado adecuadamente a estos hechos.
Condena vigorosa
La UE, a través de un comunicado de la presidencia de turno -que hasta final de este mes ejerce Luxemburgo-,condenó ayer "de la forma más vigorosa", la matanza y exigió al Ejecutivo mexicano que "realice sin demora una investigación para esclarecer" los hechos, además de reclamar "que los cupables sean llevados ante la justicia".En España, la coalición Izquierda Unida (IU) reaccionó con rapidez y efectuó un llamamiento a la sociedad española para que se movilice a favor de los indígenas de Chiapas. IU, que no ha propuesto fecha alguna para, esa manifestación de protesta, responsabiliza de la matanza de decenas de indíginas -entre ellos 25 mujeres, 14 niños y un bebé- al Gobierno mexicano, "porqué los asesinos contaron con el beneplácito y cobertura" de las autoridades locales, todas ellas vinculadas al gobernante Partido Revolucionario Instituciuonal.
IU se sitúa en la misma línea de Human Rights Watch al lamentar que el Ejecutivo que preside Ernesto Zedillo no hubiera atentido antes los múltiples llamamientos formulados a lo largo de este año por diversas organizaciones dedicadas a los derechos humanos. Esto habría evitado la última matanza
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